Los ceutíes elevaron durante el pasado año 53 quejas al Defensor del Pueblo en otros tantos casos en los que consideraron que se vulneraban derechos fundamentales o libertades públicas. El dato supone un bajo porcentaje si se tienen en cuenta el total de peticiones de actuación recibidas durante 2023 en todo el país, 35.603 expedientes. Sin embargo, son 25 quejas menos que en 2022 en Ceuta, cuando se registraron 78.
El Informe anual de 2023 recoge, además de los datos estadísticos, un listado con los asuntos más destacados en los que ha intervenido la institución, y la actividad por áreas de supervisión a las administraciones públicas.
También se han reducido las quejas procedentes de las comunidades autónomas de Extremadura y Asturias, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Cantabria fue la tercera CC.AA desde donde menos quejas se remitieron a la institución que lidera Ángel Gabilondo, solo por delante de La Rioja (146) y de Navarra (318), además de Ceuta y Melilla, con 53 y 67, respectivamente.
Así se desprende del Informe Anual de la institución, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
En el conjunto del país, el Defensor del Pueblo recibió 34.926 quejas en 2023, 3.849 más que en 2022, la mayoría de ellas relacionadas con la Administración de Justicia, la Seguridad Social, Interior, asilo, Educación y Sanidad.
"Los ciudadanos han señalado con sus quejas que las administraciones no deben descuidar los servicios públicos esenciales, ni la sanidad, ni desatender las necesidades de los más vulnerables, ni la educación por ser estos fundamentales en un Estado de derecho moderno y solidario. Ellos nos indican también que los procesos de digitalización en las administraciones han de ser compatibles con la asistencia presencial, sobre todo para quienes no son nativos digitales o que, sencillamente, tienen dificultades para interlocutar a través de las nuevas tecnologías", ha asegurado Gabilondo.
En concreto, ha explicado que la institución tramitó un total de 35.603 expedientes, 4.151 más que en 2022, que dieron lugar a 2.366 resoluciones a las diferentes administraciones, de las que 668 fueron recomendaciones, 987 sugerencias, 708 recordatorios de deberes legales y tres advertencias.
Por procedencia geográfica, el mayor número de quejas llegaron de la Comunidad de Madrid (8.470), Andalucía (4.186), la Comunidad Valenciana (3.973) y Cataluña (3.208). Se repite la situación de los últimos ejercicios, en los que estas cuatro comunidades ocuparon, en este mismo orden, la misma posición.
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