El Defensor del Pueblo preguntará por los 57 menores expulsados desde Ceuta

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha anunciado este martes que “se va a interesar” por la situación en la que se encuentran los 57 menores migrantes no acompañados que fueron devueltos el pasado mes de agosto (55) y a finales de noviembre (2) a Marruecos desde Ceuta “contra su voluntad y sin poder hacer efectivo el ejercicio a ser escuchados antes de que se tomara esa decisión”.

La institución ha decidido dar este paso después de que, la semana pasada, el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta comunicase dos sentencias en las que ordena a la Delegación adoptar las medidas que correspondan para conseguir el retorno a España de 14 de esos niños, doce repatriados entre el 11 y el 14 de agosto y dos el 28 de noviembre, según denunciaron cinco oenegés.

Los veredictos que la Delegación y la Ciudad están estudiando recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dan por acreditado que las expulsiones de agosto, supuestamente basadas en el Acuerdo bilateral de 2007, se produjeron “sin seguir, como es preceptivo, los trámites pertinentes en un expediente de repatriación”. Entre otros, “disponer de un informe sobre las circunstancias familiares del menor e informe de los servicios de protección al menor y del Ministerio Fiscal, además de oír al menor”.

“No es que se haya omitido alguno de los trámites del procedimiento, es que se han omitido todos, ya que ni ha existido incoación de procedimiento, ni petición de informes, ni fase de alegaciones, ni trámite de audiencia, ni fase de prueba, ni siquiera resolución acordando la repatriación de los menores, es decir, no existe traza alguna de expediente de repatriación”, censuran los fallos.

El magistrado considera que, con su proceder, la Delegación y la Ciudad generaron “una situación de riesgo relevante para la integridad física y moral de los menores” en la medida en que “no consta” que nadie se fuera a hacer cargo de los mismos “una vez repatriados, lo que determinaría que los mismos se encontrasen en situación de abandono o desamparo”. También ha concluido que vulneraron el derecho fundamental de los niños “a su integridad física y moral”, reconocido en la Constitución.

El Defensor del Pueblo va a “recabar información del Ministerio del Interior sobre estos 57 menores, que se quejaron en su día a la Institución, para estudiar su situación y solicitar que se repongan sus derechos, en caso de que hubieran sido vulnerados”.

La Fiscalía abrió una investigación por la supuesta expulsión irregular de dos de ellos en noviembre tras ser interceptados por la Guardia Civil intentando colarse en uno de los buques que conectan la ciudad autónoma con la península. La Benemérita ha rechazado entregar al Ministerio Público las grabaciones de las cámaras de seguridad del Tarajal, donde habrían sido entregados a agentes del país vecino, alegando que en el momento de su solicitud ya habían sido borradas.