El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha formulado este lunes una recomendación a la Secretaría General de Industria para que el plazo de validez de las
inspecciones técnicas de vehículos (ITV) se contabilice a partir de la inspección realizada sin descontar el periodo de prórroga. Durante el estado de alarma, tras el cierre de las estaciones ITV, la Administración estableció una prórroga para la validez de los certificados. Restablecido el servicio, determinó que al plazo de validez de las inspecciones se le descontaría el período de prórroga. La Institución ha recibido quejas de asociaciones y particulares en las que ponen de manifiesto su disconformidad con estas condiciones ya que con ellas
muchos vehículos tienen que realizar dos inspecciones seguidas en un corto periodo de tiempo con los costes y cargas que supone para sus propietarios. Desde la Secretaría General de Industria aseguran que no imponen cargas adicionales a los interesados ya que se va a efectuar una inspección que debió realizarse y quedó en suspenso pero sin eliminar la obligación de su ejecución. Además, apuntan que estas medidas permiten a las estaciones de ITV poder absorber el volumen de vehículos acumulados pendientes de inspección y garantizar la viabilidad de su actividad. Fernández Marugán recuerda que el objetivo general de la ITV es asegurar que los vehículos estén en buenas condiciones de uso desde el punto de vista de la seguridad y el medio ambiente y no observa en la respuesta de la Administración razones imperiosas de interés general que justifiquen el recorte de la vida legal de las ITV. Por este motivo, no comparte la afirmación de Industria ya que, en su opinión, al descontar el periodo de prórroga, está “acortando de manera artificial la duración de las ITV” obligando a los particulares a realizar la siguiente inspección antes de lo previsto. Así, apunta que en los casos más extremos (como el de los vehículos sujetos a inspección semestral) pueden tener que realizar dos inspecciones con un intervalo de pocos días entre ellas. Una de las entidades que se ha dirigido al Defensor por este asunto denuncia que con estas medidas la Administración quiere favorecer la recuperación económica de las estaciones de ITV. Para el Defensor, es loable intentar asegurar la supervivencia económica de las estaciones de ITV, sector, como otros muchos, afectado por el cierre de su actividad como consecuencia de la crisis sanitaria. Ahora bien, Fernández Marugán concluye que “ese objetivo puede alcanzarse por otras vías, sin imponer cargas a los particulares”.