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El Defensor del Pueblo admite a trámite la queja de militares por su situación en Ceuta

ASFASPRO, AUME y UMT reclaman "seguridad física y prevención de riesgos con dotación de medios de protección individual adecuados ante ataques físicos y protocolos preventivos frente al contacto con enfermedades transmisibles"

El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja de las asociaciones de militares ASFASPRO, AUME Y UMT por la situación de este colectivo en Ceuta a raíz de la entrada masiva de inmigrantes de los pasados 30 y 31 de julio, informan estas organizaciones.

La Asociación Profesional de Suboficiales (ASFASPRO), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Unión de Militares de Tropa (UMT) presentaron el pasado 22 de septiembre quejas sobre la falta de seguridad física, jurídica y medios para el personal desplegado en la ciudad autónoma.

En un comunicado señalan que la citada institución "abre el expediente tras constatar que la solicitud reúne los requisitos constitucionales".

Tensión operativa y riesgos

Se trata de un escrito firmado por la adjunta primera del Defensor del Pueblo que comunica la apertura del expediente al amparo del artículo 54 de la Constitución Española y la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo con la incoación de las actuaciones oportunas ante la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, detallan.

ASFASPRO, AUME y UMT recuerdan "las continuas denuncias que llevan trasladando a la Administración sobre la precaria situación en la que el personal militar se encuentra prestando servicio en las calles y perímetro fronterizo de Ceuta".

Advierten de que "en las últimas semanas la tensión operativa en la ciudad autónoma y las intervenciones sobre el terreno han evidenciado de forma palmaria los riesgos a los que se exponen los efectivos".

Agresiones, falta de protocolos y exposición sanitaria sin medidas de prevención

Entre ellos citan "agresiones, falta de protocolos claros de actuación, exposición sanitaria sin medidas de prevención de riesgos laborales suficientes y ausencia de amparo para proteger los datos identificativos del personal y de sus familias frente a posibles señalamientos y represalias".

Las asociaciones consideran que "no es admisible que los militares sigan encadenando misiones y servicios de máxima exigencia sin que el Ministerio de Defensa proporcione seguridad jurídica e instrucciones claras con reglas operativas que otorguen plena cobertura legal y funcional a los soldados en el ejercicio de sus cometidos en la vía pública y perímetro fronterizo".

Igualmente reclaman "seguridad física y prevención de riesgos con dotación de medios de protección individual adecuados ante ataques físicos y protocolos preventivos frente al contacto con enfermedades transmisibles".

Asimismo "protección de datos identificativos: con medidas contundentes para impedir la identificación y localización personal de los militares desplegados y la de sus familias".

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