En su Informe Anual de 2018, el Defensor del Pueblo ha destacado las dificultades para la inserción sociolaboral de los menores extranjeros no acompañados, mayores de 16 años, reconociendo que esta situación le “preocupa especialmente”. Razona que la principal herramienta para una efectiva integración es la incorporación al mercado laboral de este colectivo.
Por este motivo, de nuevo en 2018, se reiteró una recomendación a la Secretaría de Estado de Migraciones para la concesión de autorizaciones para trabajar que fue rechazada.
Para el Defensor, la negativa a hacer constar en las tarjetas de identidad de estos jóvenes que se encuentran autorizados a trabajar, supone una discriminación y una diferencia de trato con el resto de menores, mayores de 16 años, tanto españoles como extranjeros, a los que la normativa autoriza a trabajar sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.
Otra de las cuestiones en las que Fernández Marugán ha recibido numerosas quejas ha sido por las pruebas de determinación de edad que se les realiza a los Menores Extranjeros No Acompañados que llegan a nuestro país, tanto a personas extranjeras indocumentadas como a otras que contaban con documentación acreditativa de su minoría de edad.
La Institución ha pedido que en la Ley integral de protección a la infancia contra la violencia se incorpore un capítulo que regule el procedimiento de determinación de la edad.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo ha reiterado su preocupación ante la inexactitud de los datos contenidos en el Registro central de menores extranjeros no acompañados. En opinión de Fernández Marugán, “este registro constituye uno de los instrumentos más eficaces para la protección del interés superior de los menores, por lo que resulta imprescindible abordar sin más demora su revisión profunda”.
También han continuado las actuaciones por las demoras o no tramitación de la autorización de residencia que corresponde a los menores extranjeros no acompañados, tutelados por la Administración. Además, siguen recibiéndose numerosas quejas por la situación de irregularidad documental en la que quedan estos menores al alcanzar la mayoría de edad.
El Defensor considera que en materia migratoria hay tres cuestiones que siguen necesitando de una intervención urgente por parte de la Administración y son: los retrasos en la tramitación de expedientes de nacionalidad, el elevado número de solicitudes de protección internacional pendientes de resolver y la acogida que se está realizando de las personas que intentan acceder de manera irregular a España.
En este sentido, Fernández Marugán considera que es necesaria una política migratoria que contemple todo el fenómeno en su totalidad y aboga por una coordinación entre los distintos organismos de las administraciones públicas con competencias en la materia.
El retraso en la tramitación de los expedientes de nacionalidad continúa sin resolverse y durante 2018 la situación se ha agravado aún más. Tras la entrada en vigor del nuevo procedimiento de nacionalidad, el ciudadano extranjero que desea formular su solicitud ha de pagar una tasa y realizar unos exámenes de integración y acreditar un conocimiento suficiente del idioma. Cientos de miles de solicitudes formuladas al amparo de este nuevo procedimiento están pendientes de resolver, sin que la Administración haya comunicado qué medidas piensa tomar para su resolución.
El número de solicitudes de protección internacional registrado en España durante 2018 es el mayor desde que se recogen datos. Se registraron más de 54.000 solicitudes, de las cuáles, más de 20.000 son de ciudadanos venezolanos. 2018 finalizó con 78.000 solicitudes de protección internacional pendientes de resolver en la Oficina de Asilo y Refugio.
El Defensor considera que en materia migratoria hay tres cuestiones que siguen necesitando de una intervención urgente por parte de la Administración y son: los retrasos en la tramitación de expedientes de nacionalidad, el elevado número de solicitudes de protección internacional pendientes de resolver y la acogida que se está realizando de las personas que intentan acceder de manera irregular a España.
En este sentido, Fernández Marugán considera que es necesaria una política migratoria que contemple todo el fenómeno en su totalidad y aboga por una coordinación entre los distintos organismos de las administraciones públicas con competencias en la materia.
El retraso en la tramitación de los expedientes de nacionalidad continúa sin resolverse y durante 2018 la situación se ha agravado aún más. Tras la entrada en vigor del nuevo procedimiento de nacionalidad, el ciudadano extranjero que desea formular su solicitud ha de pagar una tasa y realizar unos exámenes de integración y acreditar un conocimiento suficiente del idioma. Cientos de miles de solicitudes formuladas al amparo de este nuevo procedimiento están pendientes de resolver, sin que la Administración haya comunicado qué medidas piensa tomar para su resolución.
El número de solicitudes de protección internacional registrado en España durante 2018 es el mayor desde que se recogen datos. Se registraron más de 54.000 solicitudes, de las cuáles, más de 20.000 son de ciudadanos venezolanos. 2018 finalizó con 78.000 solicitudes de protección internacional pendientes de resolver en la Oficina de Asilo y Refugio.
Durante el último trimestre de 2017 y todo el año 2018 se han realizado visitas no anunciadas a los principales puntos de llegada de pateras. Se han analizado tanto las condiciones de privación de libertad como el estado de las instalaciones.
Fernández Marugán compareció ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con esta institución, en febrero de 2018, para informar de estas visitas. Se formularon varias recomendaciones para intentar mejorar las condiciones de recepción y acogida de estas personas, así como de las medidas a adoptar para ser más eficaces en la detección de personas con necesidades de protección internacional, menores de edad y víctimas de trata de seres humanos.
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha entregado este martes el Informe Anual correspondiente al año 2018 a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet y al presidente del Senado, Manuel Cruz. En éste da parte que durante el año pasado, la Institución tramitó 17.697 expedientes, entre quejas (16.998), investigaciones de oficio (372) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (327). A esta cifra hay que sumar los ciudadanos que fueron atendidos personalmente: 17.923, de los cuales 2.481 fueron presenciales y 15.442 fueron atendidos a través de llamadas de teléfono.
Además, formuló a las Administraciones un total de 1.152 resoluciones, de las cuales 329 fueron recomendaciones, 504 sugerencias, 309 recordatorios de deberes legales y 10 advertencias.
Durante 2018 continuaron recibiéndose quejas que muestran que es necesario mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía. Fernández Marugán ha destacado que “ahora que la situación económica es mejor es el momento de diseñar políticas económicas distintas, de invertir en política pública”.
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