ANPE Ceuta ha comunicado que el número de actuaciones realizadas desde la creación del servicio del Defensor del Profesor del sindicato en 2005 a nivel nacional asciende a 44.386.
De esa cifra estatal, 1.947 corresponden al curso 2022-2023. La complejidad de los casos sigue aumentando con factores como el ciberacoso, las falsas acusaciones a docentes, agresiones físicas o acoso encubierto que llega a normalizarse.
Todo ello, sin que las nuevas leyes educativas den respuesta a estas necesidades más allá de cargar con más burocracia al docente y mantener ratios de alumnos por clase que impiden la atención personalizada tanto a alumnos como a familias.
Por eso, el informe subraya la importancia de cuidar el bienestar emocional de toda la comunidad educativa. Para ello, propone la dotación de mayores recursos materiales y humanos.
Los casos se dividen en tres grupos: los que tienen que ver con el entorno laboral, los relacionados con el alumnado, y los que acontecen con los padres.
La relación con la propia Administración es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los docentes. El 33 por ciento manifiestan dificultades en el entorno laboral derivadas del desarrollo tardío de la nueva Ley educativa que llegó, en muchos casos, a pocas semanas del inicio del curso.
A ello habría que añadir la falta de docentes para atender las necesidades del alumnado, ratios altas, activación de más protocolos para atender la salud mental y el aumento de la responsabilidad de los docentes sobre estas situaciones.
Si analizamos los problemas con el alumnado, el 22 por ciento de los docentes informan de faltas de respeto de los alumnos, el 21 por ciento de problemas para dar clase, y otro 20 por ciento de falsas acusaciones.
ANPE observa un aumento de casos que tienen que ver con la digitalización: ciberacoso al profesor, suplantación de identidad en redes sociales para ridiculizarlo, envío de amenazas o presión para subir las notas. "El aumento e intensidad de los casos de violencia física también es preocupante", advierte.
Según el documento, es gravísimo que el porcentaje de profesores que utilizan el servicio para informar de agresiones sea de un 7 por ciento. El texto hace un llamamiento para que cualquier agresión sea inmediatamente sancionada como falta muy grave con expulsión y cambio de centro.
"Es necesario tener en cuenta que las consecuencias del Covid-19 siguen presentes entre los alumnos, sobre todo, los de Secundaria. La pérdida de hábitos, la incertidumbre hacia el futuro, la promoción con asignaturas pendientes, la sobreprotección de algunas familias, son factores que no ayudan a que el discente entienda el aprendizaje como un pilar esencial para su futuro", explica ANPE.
En el campo de la relación con los padres, los porcentajes más altos de controversias se producen por las denuncias ante el centro o inspección educativa, las faltas de respeto, y, de nuevo, las falsas acusaciones. Se encuentra muy presente el perfil de familias afectadas por el fenómeno 'locus externo', en el que la responsabilidad de lo que pasa a nivel interno se trata de poner fuera. Son casos en los que se cuestiona al docente, su forma de explicar, su metodología, su gestión del aula…
En cuanto a la excesiva burocratización, el informe propone incluir en el horario lectivo las horas que el docente dedica a tareas burocráticas para mejorar la atención personalizada a los estudiantes.
El texto sugiere la necesidad imperiosa de diseñar una formación específica sobre liderazgo pedagógico para los equipos directivos que les ayude a resolver conflictos, además de mejoras salariales y de horario.
En lo referente a los problemas del profesor con el alumnado, el informe subraya el diferente tratamiento que hay que dar a cada caso. No requiere la misma actuación el caso de un alumno que busca el liderazgo entre su grupo de iguales, que el de un alumno con una conducta irrespetuosa hacia el profesor debida a sus propios problemas psicosociológicos.
Para una mejor coordinación con las familias recomienda la adopción de una mentalidad de colaboración para que todos caminen en la misma dirección desde la responsabilidad y el respeto.
Los datos recopilados manifiestan que los problemas en el aula siguen siendo una asignatura pendiente dentro del sistema educativo que precisa del apoyo político, social y familiar. Para ello, todos los agentes deben colaborar en el cumplimiento de las normas básicas de convivencia, crear un clima de respeto dentro del centro, y salvaguardar el derecho de enseñar de los docentes.
Entre las conclusiones alcanzadas, destaca la necesidad de la mejora del bienestar emocional de toda la comunidad educativa. Por lo tanto, algunas de las reivindicaciones son:
Por otra parte, el informe subraya la necesidad de trabajar en:
ANPE y el Defensor del Profesor reiteran su compromiso con los docentes y su apoyo a los que pasan por situaciones de acoso e intimidación, la necesidad de mejorar el reconocimiento social de los docentes y de visibilizar el trabajo diario de los profesionales de la educación con el objetivo de que la Educación alcance el lugar que merece entre las prioridades sociales.
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