El Informe del Defensor de Pueblo en relación a la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes en este 2021 ha sido presentado este jueves por Francisco Fernández Marugan en los registros tanto del Congreso de los Diputados como del Senado, incluyendo apartados de Ceuta. En el mismo se recogen las actuaciones, visitas y recomendaciones realizadas en 10 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla. En total se han formulado casi 700 resoluciones, entre recomendaciones (119), sugerencias (545) y recordatorios de deberes legales (22). Estas conclusiones se derivan de visitas realizadas durante el año 2020. Desde el inicio de la crisis sanitaria, el MNP estuvo en contacto con responsables de centros de privación de libertad para conocer las medidas tomadas para proteger la salud de las personas privadas de libertad y del personal que trabaja en estos lugares. En el caso de Ceuta visitó Punta Blanca y la cárcel de Mendizábal.
En estos centros, el MNP ha prestado especial atención a la utilización de la sujeción mecánica como medio de contención, la atención socioeducativa, las actividades deportivas y de ocio, la asistencia sanitaria, los registros personales, la cumplimentación adecuada de los libros de registro y resto de documentación, la correcta tramitación de los expedientes sancionadores, o la posibilidad de que las personas internas puedan disponer de suficientes canales de comunicación para formular quejas, entre otros asuntos.
Las visitas y seguimientos al centro de menores infractores de Punta Blanca y al centro penitenciario de Mendizábal en Ceuta han señalado el estado de las recomendaciones, algunas de ellas de carácter severo, en las que se advierte que la gran mayoría se encuentran casi en su totalidad sin respuesta por parte de la Administración que gestiona las mismas, como es el caso de Punta Blanca. Las del Centro Penitenciario han encontrado mayor respuesta positiva, en tanto que la gran mayoría de ellas están realizadas en la perspectiva de género y en la solución a distintas situaciones advertidas por el Defensor del Pueblo en sus distintas visitas.
En relación a las recomendaciones realizadas al Centro de Internamiento para menores Infractores de Punta Blanca, desde la oficina del Defensor del pueblo, se advierte de forma seria el cese de medidas tales como la práctica de engrilletar a la cama a internos, tal y como arroja el testimonio de uno de los menores entrevistados. Igual recomendación realiza para la suspensión de las prácticas relacionadas con el uso de sujeciones mecánicas para aquellos que se encuentren bajo su custodia.
La Institución lleva años alertando sobre el peligro del uso de sujeciones mecánicas en los CIMI que en los últimos 10 años han provocado la muerte de tres jóvenes en centros de Madrid, Melilla y Almería. Ya en 2017, el MNP publicó una Guía de buenas prácticas en contenciones mecánicas en la que abogaba por el uso preferente de técnicas de diálogo y desescalada.
En cualquier caso, deja claro que el criterio de aplicación de las sujeciones mecánicas es siempre de la institución, en el que aconseja que, en cuyo caso, sea el tiempo mínimo imprescindible y siempre valorando el uso de medios alternativos y siempre dejando constancia mediante un sistema de videovigilancia con grabación en las habitaciones en las que se practiquen estas medidas y aquellas relacionadas con el aislamiento provisional de los internos.
En el aspecto de la videovigilancia, el informe también apunta a la necesidad de mantener guardados los archivos durante un mínimo de 30 días y no siete como está siendo en al actualidad, pues es una manera de garantizar que se pueda recurrir a la misma en el caso de una denuncia.
Desde la institución, se hacía constar que este tipo de registros, que implican el desnudo integral del interno, sólo se realizaba en caso muy puntuales y siempre previa autorización de la dirección y con la notificación urgente a un juez y al fiscal de menores. Sin embargo, en las entrevistas realizadas a los internos, se han recogido varios testimonios en los que se reflejaba que estos eran más habituales de lo que se apuntaba por parte de la dirección.
En este caso, el defensor del Pueblo indica que éstos deben realizarse en todo caso de forma muy puntual, y si no hay otra alternativa, aconsejando realizar este por partes, de modo que el menor no se vea integralmente desnudo, preservando su intimidad.
Otras recomendaciones que advierte el Defensor del Pueblo se refieren a otros aspectos como la continua formación del personal que atiende a los internos en relación al abuso verbal o cualquier tipo de maltrato, que debe ser desechado de inmediato; la manera de abordar y prevenir, desde un punto de vista educativo y social, el elevado número de sanciones de separación de grupo; la necesidad de contar con un trabajador social en plantilla, que cuando se realizaron las visitas no se contaba con él, dada la cantidad de menores marroquíes internados y contar con un proyecto educativo específico para menores no acompañados, dado que es un perfil que predomina en el centro de internamiento. En este sentido, se indica la necesidad de contar con documentos en el idioma propio del interno que facilite su acceso a la información de los procedimientos que le afectan; también señala que muchos de los internos, independientemente del género, ingresan con problemas de consumo de tóxicos, sin que exista un programa de intervención específico para la lucha contra las adicciones.
También se hace notar la ausencia de actividades deportivas y de ocio en tiempo libre en general y muy especialmente las destinadas a las chicas alojadas en el centro. Así mismo, advierte el informe, los internos pasan más de 15 horas diarias en sus habitaciones, que, por otra parte, advierten “carecen de intimidad al tener que permanecer con puertas y ventanas abiertas” señala.
También hace alusión el informe a la recomendación de eliminar las concertinas que coronan las instalaciones del Centro de Punta Blanca y la zona perimetral del centro y adaptar el aspecto de las dependencias, especialmente en la zona de la unidad de convivencia.
Como conclusión al informa del centro de internamiento de menores, el informe indica la falta de respuesta ante las recomendaciones realizadas, la falta de colaboración de la entonces directora accidental del centro y llama la atención sobre el uso de las medidas de sujeción mecánica como método de contención, si bien señala la necesidad de la remisión del protocolo de intervención.
El informe del Defensor del Pueblo para el centro penitenciario incide, sobre todo, en la perspectiva de género, haciendo notar la falta de un lenguaje inclusivo en la documentación informativa facilitada a las internas a la hora de su ingreso, donde se recomienda además la utilización del lenguaje inclusivo. Al igual que ocurre en el centro de Punta Blanca, en el informe echan en falta un programa específico de deshabituación que garantice la igualdad de oportunidades en el tratamiento y su reinserción durante el cumplimiento de las penas privativas de libertad. En este sentido, el centro penitenciario aceptó la recomendación y decidió la formación de equipos en perspectiva de género en el ámbito de la drogodependencia, el desarrollo de programas de intervención y promover la participación externa de entidades ceutíes y la aplicación de medidas menos restrictivas a mujeres inmersas en estos programas de cara al fomento de su autonomía.
Otro aspecto que reseña el informe es la inadecuada separación interior del módulo de mujeres, donde no se tiene en cuenta aspectos tales como los antecedentes, la evaluación de riesgos, situaciones de violencia de género – se estima que el 60% de las reclusas han sufrido violencia de género- o las mismas posibles responsabilidades maternas. Sin embargo, el limitado número de mujeres reclusas y de recursos humanos hacen imposible la separación deseada. Esta misma falta de personal es también el motivo del rechazo de reclusas en los programas de inserción social, que no disponen de plazas en idénticas condiciones que los hombres.
También es destacable la ausencia de un módulo de madres, de manera que se disponga de unas instalaciones adecuadas para el cumplimiento de la condena a aquellas madres con hijos menores de tres años, sin embargo esta sugerencia fue rechazada.
En términos generales, en las conclusiones del informe, se ha podido comprobar que las mujeres tienen más dificultades que los hombres para cumplir condena en dependencias próximas a sus entornos de arraigo y disponen de menores oportunidades para cumplir las fases finales de sus condenas en régimen de semilibertad, al carecer de centros adecuados cercanos a sus domicilios. En este sentido, el MNP ha formulado numerosas sugerencias para favorecer el uso de videollamadas que las permitan mantener comunicaciones frecuentes con sus allegados.
De hecho, otra de las demandas del informe que se ha presentado hoy hace referencia a la recomendación de la ampliación de acceso a los talleres formativos y destinos remunerados por parte de la población interna de mujeres en el centro penitenciario en igualdad de condiciones a los hombres, que ha sido aceptada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias incorporando de forma paulatina a las mujeres, a lo largo del pasado 2020 , a estos programas. De esta forma, en febrero de 2021 la ocupación femenina es de 10 internas trabajando en áreas del economato, cocina, limpieza o reparto, lo que supone casi el 77% de la población reclusa (actualmente hay 13 mujeres internas en el centro penitenciario, 10 de ellas con un trabajo remunerado).
En cuanto a la revisión de salud o medidas de atención sexual, se indica la inexistencia de un protocolo específico con perspectiva de género. En este sentido se indica también la falta de productos de higiene sanitaria en cantidad suficiente, ante lo que se recomienda, además de los productos que se entregan gratuitamente, unos precios muy accesibles para quienes tengan opción de adquirirlos.
Por último se hace referencia a los traslados a otros centros penitenciarios desde el de Ceuta. En 2020, diez mujeres fueron trasladadas a otros centros, lo que se ejecutó en un plazo no superior a los 24 días desde su autorización, siendo en las siete ocasiones restantes, de ha realizado en menos de 6 días. Desde la dirección del centro penitenciario apuntan que son unas cifras muy positivas, en parte debido a la excelente entre el centro y la Comandancia de la Guardia Civil ceutí. También el centro ha aceptado implementar el sistema de videollamadas, máxime en la excepcional situación de pandemia, para favorecer el contacto con los familiares, medida que está implantada desde 2020 con dos dispositivos para tal fin.
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