El Defensor confía en que el MEFP dé vacantes en baja por maternidad

El Defensor del Pueblo ha tomado nota del escrito que le remitió en junio la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO) de Ceuta denunciando la negativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) en Ceuta a adjudicar vacantes a docentes interinas de baja por maternidad y ha pedido al sindicato que, “en el supuesto de que el MEFP no adopte, en su ámbito de gestión, las medidas oportunas para evitar situaciones discriminatorias por razón de sexo en el acceso al empleo público temporal”, se dirija de nuevo al órgano “para que se pueda valorar una posible actuación ”.

De momento, el Defensor del Pueblo da por bueno el compromiso adoptado en septiembre del año pasado por el Ministerio de Política Territorial de asumir la “obligación” para la Administración “de ofrecer alternativas flexibles que no supongan restricción de los derechos o expectativas asociados a la maternidad o consecuencias negativas derivadas de esta pasa, como primera medida de entre otras medidas o alternativas posibles que puedan además ofrecerse a la trabajadora que se encuentra en esta situación, por garantizar su incorporación al puesto de trabajo ofertado mediante su toma de posesión, nombramiento, contratación o trámite que resulte procedente, y al inicio de la relación de servicio, haciendo compatible la obtención y conservación del puesto de trabajo con la baja de maternidad”.

El Tribunal Constitucional estimó en 2019 el recurso de amparo interpuesto por una trabajadora del Instituto Nacional de Estadística (INE) obligando a la Administración a ofrecer a la mujer, que por razón de maternidad no se encontraba en disposición de ocupar el puesto de trabajo que le correspondía, “una alternativa viable que haga compatible el acceso al empleo con su maternidad, de tal modo que esta no sea un obstáculo para el acceso al empleo público y se le reconozcan los mismos derechos reconocidos a otros aspirantes aprobados en el mismo procedimiento de selección, en lo que se refiere a las condiciones de acceso a la función pública”.

La excusa burocrática de la administración

FECCOO alertó en junio al Defensor del Pueblo de que la Dirección Provincial del Ministerio de Educación en Ceuta mantiene en el proceso de cobertura de las plazas docentes vacantes que el turno corre si la beneficiaria es una mujer de baja por maternidad. El sindicato señaló que el argumento ofrecido por la Dirección Provincial es que las trabajadoras en esta situación “no pueden firmar un contrato por encontrarse de baja laboral”, algo “sencillamente inasumible”. Su petición es “que se asigne la vacante a la beneficiaria, se formalice el contrato y, simultáneamente, se le permita mantener su baja hasta la extinción de su derecho”.

La situación “no plantea problemas” prácticos, dice Función Pública

Aunque el MEFP alega en Ceuta para no facilitar a una docente interina de baja por maternidad que en tal situación no es factible firmar un contrato, el Ministerio de Política Territorial ya ha dejado constancia negro sobre blanco de que tal coyuntura no es un escollo insalvable. Todo lo contrario.

“Para disfrutar de la baja es requisito imprescindible que exista una previa incorporación que dé inicio a la relación laboral, ya que si no, no puede haber tal baja, pero esto no plantea problemas en la práctica”, indicó en septiembre del año pasado, “ya que se resuelve procediéndose a la incorporación y dando lugar a la baja o al permiso, en su caso, de manera inmediata e incluso simultánea”.

De esta forma, además, “se logra que la trabajadora cuente con cobertura sanitaria”, destacó el Ministerio, que subrayó que “de hecho, dichas incorporaciones se tramitan de oficio por la Administración, obviando el aspecto formal de que se trata de un acto personalísimo, al tratarse de una actuación favorable a sus intereses personales y profesionales.

De este modo, el tratamiento que deben recibir esas trabajadoras “es idéntico al previsto para el personal funcionario de carrera y laboral fijo, por lo que no se puede hablar de discriminación alguna” a juicio de ese departamento del Estado, que prometió dar instrucciones en esa línea al resto.