Los cálculos han sido efectuados por parte del organismo autónomo Servicios Tributarios.
Como ya se vino anunciando por parte del Gobierno, el pleno de la Asamblea sería el encargado del establecimiento de una tasa determinada al Ministerio de Defensa para la recogida de los residuos en el interior de los acuartelamientos e instalaciones de este departamento ministerial, una vez que los mismos habían solicitado este punto a la propia Ciudad Autónoma. Según los estudios técnicos encargados por parte de Servicios Tributarios, el cálculo que se ha hecho es que por parte de Defensa se deberá abonar por este servicio a la Ciudad un total de algo más de cuarenta mil euros.
Fue el portavoz de Caballas, Juan Luis Aróstegui, quien adelantó que su partido se iba a abstener, debido a que, desde su punto de vista, la cuantificación de la tasa no se había realizado de una manera correcta. Incluso señaló que al Ministerio de Defensa no había que tratarlo ni con privilegios ni con castigos, sino como a cualquier otra empresa o contribuyente ceutí.
Desde su lado, MDyC, por boca de Fatima Hamed defendió que por parte del Gobierno no se había dejado claro cuales eran los acuartelamientos e instalaciones que podían ser incluidas y que en un momento determinado se pueden acoger a esta definición y por cuarenta mil euros anuales sumar ahí las dependencias que ahora si están abonando por su parte la tasa municipal. En relación a este punto le dijo muy claro la misma Susana Román que eso era imposible, porque la relación de las dependencias militares que se incluyen por este precio está perfectamente redactada.
Fue el diputado de Ciudadanos, Javier Varga, quien aludió a que se podía haber tomado como referencia el dinero que Defensa abonaba a una empresa privada para realizar este servicio y que estaba alrededor de ciento cincuenta mil euros. Román le contestó que no se podía poner en relación la tasa con el anterior contrato del Ministerio.
Una polémica que ya se desató en anteriores sesiones plenarias, porque por parte de determinados partidos de la oposición se entiende que el Gobierno no está obligado a la realización de esta recogida partiendo de los parámetros anteriormente especificados desde la visión que los técnicos tienen de esta petición cursada.
