El Ministerio de Defensa sólo ha dado hasta ahora la callada por respuesta a la petición de información que sobre la actuación de los soldados que fueron destinados al Tarajal para contener la avalancha migratoria de mediados de mayo en Ceuta, en la que podrían haberse producido expulsiones ilegales de menores de edad, al menos de uno, le transmitió la Fiscalía hace ya más de un mes.
El Ministerio Público incoó diligencias de investigación por un presunto delito de prevaricación relacionado con la devolución a Marruecos de al menos un menor extranjero no acompañado por parte de los militares desplegados junto al espigón fronterizo para contener a los ciudadanos del país vecino que por miles accedieron irregularmente a territorio español. El supuesto ilícito investigado sería uno de prevaricación por incumplimiento de las disposiciones administrativas de repatriación de menores.
Las actuaciones comenzaron después de recibir una denuncia de la asociación Coordinadora de Barrios alertando de la existencia de un vídeo en Youtube en el que se podía apreciar cómo un soldado recogía a un joven aparentemente menor de edad en el agua e, inmediatamente, lo conducía de vuelta al país vecino.
La Fiscalía solicitó al Ministerio de Defensa, concretamente a la Comandancia General militar de Ceuta (COMGECEU) que identifique a los soldados destinados en ese momento en la playa del Tarajal y que precise quién había asumido el mando del operativo, con qué instrucciones y de qué fuente partían estas, interrogantes a los que no ha contestado “nada” hasta la fecha.
Según fuentes judiciales, el procedimiento habitual en este tipo de requerimientos no establece un plazo limitado para facilitar la información requerida, pero suele reiterarse una vez que transcurren 30 días sin tener noticias de l aparte interpelada.
El Ministerio Público también pidió a la agencia de noticias Reuters la grabación sin editar de los hechos (a la que la Fiscalía ya ha tenido acceso), que habrían tenido lugar a primera hora de la tarde del miércoles 19 de mayo, cuando el flujo de entradas irregulares ya casi se había extinguido, y también requirió a las Fuerzas de Seguridad las imágenes de las cámaras instaladas en ese extremo del perímetro fronterizo.
La gestión de la frontera entre Ceuta y Marruecos y de las personas que realizan incursiones hacia territorio español está inmersa en un permanente debate jurídico.
En uno de los últimos trabajos publicados al respecto, ‘Las devoluciones en caliente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos’, de Ángel Solanes, el autor advierte que “los mencionados rechazos en frontera, o las comúnmente denominadas ‘devoluciones en caliente’, son definidas como ‘la entrega por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a las autoridades marroquíes por vía de hecho de los ciudadanos extranjeros que han sido interceptados en zona de soberanía española sin seguir el procedimiento establecido legalmente ni cumplir las garantías internacionalmente reconocidas”.
“El acuerdo hispano-marroquí de 1992 no sólo no ampara los rechazos en frontera, sino que, de hecho, se incumplen prácticamente todos los trámites procedimentales relativos a las garantías de los derechos de los extranjeros recogidos tanto por dicho acuerdo como por el Código de las Fronteras Schengen”, considera el investigador, que estima que con ellos “se incumple la normativa española de inmigración en dos aspectos diferentes” desde el punto de vista de lo recogido en la Ley Orgánica de Extranjería, sus distintos supuestos y sus condiciones.
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