El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para exigir explicaciones al Gobierno sobre la situación que arrastra desde hace años el CEIP Ramón María del Valle Inclán de Ceuta.
Entre los firmantes de la pregunta escrita se encuentra el diputado nacional por la ciudad, Javier Celaya, junto a otros representantes de la formación.
La actuación parlamentaria pone el foco en el cierre de un ala completa del edificio escolar, clausurada por riesgo de derrumbe desde el año 2016, una circunstancia que ha condicionado de manera permanente la organización del centro y la prestación del servicio educativo.
En concreto, el espacio inutilizado comprende seis aulas y cinco aseos de alumnos, incluyendo uno adaptado para discapacitados motóricos, dado que el colegio Valle Inclán es el colegio de referencia en Ceuta para la escolarización de este alumnado.
Como consecuencia directa de la clausura, la comunidad educativa se ha visto obligada durante casi una década a realizar reubicaciones provisionales que, con el paso del tiempo, han terminado por convertirse en estructurales.
Así, el colegio tuvo que sacrificar la biblioteca, además de la sala de medios audiovisuales y el aula de Informática, espacios que fueron transformados en aulas ordinarias para poder mantener la actividad lectiva.
Los diputados del PP subrayan que esta solución de urgencia ha supuesto la pérdida de servicios educativos complementarios, afectando a recursos considerados esenciales para la calidad de la enseñanza.
La iniciativa registrada recuerda además que la naturaleza de los daños estructurales supera las obligaciones que la normativa atribuye a la Ciudad en materia de mantenimiento y conservación de los centros de Infantil y Primaria.
Según exponen los parlamentarios, corresponde al Ministerio de Educación la planificación de las necesidades de infraestructuras y equipamientos en Ceuta y Melilla, tal y como recoge el Real Decreto que regula su estructura orgánica.
A juicio del Grupo Popular, esta distribución competencial refuerza la responsabilidad del Ejecutivo central ante una situación que, remarcan, se prolonga desde hace casi diez años sin una respuesta definitiva.
Por todo ello, los diputados reclaman saber si el Gobierno ha previsto alguna dotación presupuestaria para abordar la reconstrucción de las zonas clausuradas mediante la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos.
En la pregunta, que será respondida por escrito, también se interesan por si existe en la actualidad alguna planificación concreta que permita ofrecer una solución a la comunidad educativa afectada.
Tras una década de espera, los firmantes, entre ellos Javier Celaya, demandan al Ejecutivo que aclare cuál es la previsión real para devolver a la normalidad las instalaciones del centro.
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