Las
debilidades del sistema judicial de España al destape en Ceuta por parte de Javier Luis Parra, secretario del Gobierno del
Tribunal Superior de la Región de Murcia. El profesional propone ante ellas la implantación de las oficinas judiciales integradas, un proyecto que se encuentra en un estado desigual en el país, según ha señalado. Este ha sido el eje de la tercera ponencia de las
XIII Jornadas Jurídicas.
Un sistema eficiente a favor de la economía
Parra asegura que es de suma importancia dar un vuelco a la situación actual judicial. El motivo que expone es que si esta funciona de forma óptima tiene una repercusión
económica beneficiosa para el país. Muestra como ejemplo los fondos de reserva para pleitos con los que cuentan las empresas que cotizan en el IBEX. Es decir, recursos con los que las compañías pagan los honorarios de abogados y otros gastos relativos a lo judicial. Solo en 2021 estos involucraban más de 12 mil millones de euros. “Es importante la seguridad jurídica”, manifiesta. Una de las problemáticas que señala el experto es la existencia de velocidades muy distintas a lo largo y ancho del país. Cada comunidad se encuentra en un punto distinto. Un ejemplo de ello se da en las ratios de jueces. Hay una media de 15 por cada cien mil habitantes en Asturias frente a 11 en Murcia. Estas diferencias también repercuten en las tasas de resolución de casos y, por tanto, las empresas se fijan en qué comunidades autónomas de España hay un mejor índice. “El nivel de eficiencia judicial puede incrementar la inversión de emprendedores de un 7%”, añade Parra.
Las debilidades judiciales de España
Parra apunta que hay varias situaciones que se deben trabajar en el país. Son la sobrecarga de los jueces, un mapa de partidos judiciales desfasado y una baja ratio de jueces por cada cien mil habitantes. A estas problemáticas se unen otros entresijos que, de algún modo, atañen a estas cuestiones. Una de ellas es una falta de medios, tal y como expresa Parra. “Nos faltan medios. Somos de los países con menos inversión en justicia”. Sin embargo, por el contrario, considera que los presupuestos dedicados a este sector en España son altos. “Estamos por delante de naciones como los Países Bajos. Algo falla”, apunta. El jurista encuentra su raíz en yerros estructurales y de gestión.
Últimas reformas y proyectos recientes
La reforma más reciente hacia una oficina judicial integrada se sustenta sobre tres pilares. Se trata de fomentar un nuevo reparto de competencias, es decir, pasar funciones de jueces a letrados; la creación de servicios comunes y los tribunales de instancia. La segunda de ellas, Parra estima que se ha desarrollado “con mejor o peor éxito, lo que tiene que ver con las capacidades de los actores judiciales, así como de la empatía y el diálogo”. Existen cuatro modelos en cuanto a la generación de los servicios comunes. El último de ellos es el más avanzado del proyecto. El secretario indica que hay un reparto desigual en este sentido y que solo en puntos muy concretos de la geografía se ha incorporado. Ejemplos de ello son León, Burgos o Ciudad Real. Las comunidades transferidas, País Vasco y Cataluña, se han quedado, a su criterio, “sin desarrollo”. A excepción de Girona, ninguna población ha alcanzado si quiera el tercer estamento.
La oficina judicial
Solo algunas poblaciones de España se han atrevido a implementar este centro jurídico. Algunas de ellas son El Ejido o Vélez-Málaga. No están presentes, por el contrario, en Aragón, Canarias, Galicia, Asturias y La Rioja, donde prácticamente son inexistentes. A estos cambios en el sistema nacional se suman las iniciativas, que tienen como objetivo el año 2030. Estos incluyen medidas para fomentar, entre otros, la resolución de conflictos por otras vías válidas que no sea la judicial o un proyecto de ley de eficiencia digital, campo en el que, según Parra, el país hace una gran inversión o la puesta en marcha de una normativa de eficacia procesal. Una de las próximas transformaciones a desarrollar es el llamado tribunal de instancia, una infraestructura que pretende integrar los juzgados y reunirlos a todos. “Existe una asimetría tremenda”, comenta. La idea es cambiar el mapa de estos centros jurídicos y reducirlos a 431. Este incluye un servicio común general y de ejecución, así como una unidad de tramitación. A estos proyectos se suman otros como, por ejemplo, una regulación para impulsar e introducir la inteligencia artificial en ciertos ámbitos jurisdiccionales.