De presunto estafador a la cima de la Fórmula 1 española

A Carabante le bastó una década para pasar de la inmobiliaria que iba a desarrollar el proyecto de Llano de las Damas a presidir ‘Hispania Racing F1 Team’. Durante este tiempo, los afectados vivieron su calvario mientras esperaban que les devolviera su dinero.

Uno de los presuntos culpables de la difícil situación por la que tuvieron que pasar los afectados del Llano de las Damas tiene nombre y apellidos en el mundo del deporte español: José Ramón Carabante.
En unos trece años pasó de apoderado en Ceuta de ‘Orsino Innovaciones’ y estafar presuntamente a unas 40 familias a ser un empresario español muy conocido en el mundo deportivo por ser presidente de la escudería española de Fórmula 1 ‘Hispania Racing F1 Team’ (antes conocida como Campos Meta).
Además, es patrocinador y mecenas del Club Baloncesto Murcia de la Liga ACB y presidente de empresas como Grupo 2002 y Grupo Hispania.
Tal y como explicó a este medio uno de los afectados, Carabante fue el encargado de recoger el dinero de las personas que estaban interesadas en el proyecto que se pretendía desarrollar en el Llano de las Damas. Poco después se marchó de la ciudad y entregó su firma a otra persona. Ya nunca más volvieron a saber de él.
Tras trece años de lucha, los afectados de Llano de las Damas recibieron hace menos de un mes la noticia de que Carabante había conseguido el dinero para pagarles, por lo que se retira la denuncia. No obstante, él y otras personas podrían ser citados en breve en el juzgado.
En el escrito de acusaciones por parte del Ministerio Fiscal se establecía que las actuaciones emprendidas por los acusados en el año 1997 eran constitutivas  de delito de estafa y apropiación indebida.  José Ramón Carabante y otras cuatro personas iniciaron la promoción de viviendas en el Llano de las Damas. Dicho proyecto tuvo tal éxito que en poco tiempo lograron suscribir multitud de contratos de compraventa de unas viviendas que nunca vieron la luz y que se llevaron la ilusión de muchas familias.
El propio Ministerio Fiscal solicitaba penas de ocho años de cárcel para los acusados.
Por otra parte, en el caso de la acusación particular los años de prisión que se solicitaban eran diez, además de otras acciones concretas.
Aunque ya han recuperado su dinero los afectados dicen sentir rabia “por no haberlo podido ver aún sentado en el banquillo de los acusados”.