Dos miembros del equipo de técnicos de atención a personas en situación de dependencia del equipo de personal laboral del
Colegio de Educación Especial (CEE) San Antonio sigue viajando a diario en el vehículo que presta, externalizado, el servicio de
transporte no adaptado a 46 estudiantes del centro de Ceuta.
Más de una década después de sus primeras reclamaciones por una atribución que “no entienden”, la obligación se mantiene a pesar de que en los pliegos de la adjudicación se exige a la empresa concesionaria (ahora, AbylaTur por algo menos de 59.000 euros al año) con un conductor y un cuidador “mínimo” por vehículo “con la cualificación laboral necesaria para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales”.
“Estos cuidadores”, refiere, “serán los encargados del cuidado y vigilancia de los alumnos, tanto durante la realización del viaje como en las operaciones de recogida y bajada de los alumnos a dicho vehículo”. “Tampoco podrá permitir el acceso al vehículo de personas diferentes a las previstas en el presente pliego”, se apostilla.
A pesar de ello, los alrededor de quince profesionales que forman la plantilla de personal laboral del centro siguen teniendo que hacer turnos cada dos semanas para, de dos en dos, viajar en el autobús durante la hora que dura la recogida de los estudiantes y los sesenta minutos que se prolonga el itinerario para devolverlos a sus casas.
"¿Qué ocurriría si se produjera un accidente durante el recorrido?, lamentan los cuidadores"
“Hemos pedido en infinidad de ocasiones y desde hace años en base a qué funciones se nos asigna esa labor, qué ocurriría si se produjera un accidente durante el recorrido y si estaríamos cubiertos por algún seguro, por qué se nos adscribe a un servicio que presta una empresa privada, etcétera, y nunca hemos obtenido respuestas”, lamentan los cuidadores.
Según sus explicaciones, antes se les encomendaba idéntica función en el servicio de transporte adaptado que presta, por otro lado, Cruz Roja (el contrato se formalizó en febrero por casi 290.000 euros), pero ya hace años que se les sacó de esos vehículos, para los que los requisitos de personal son exactamente los mismos.
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (
MEFPyD) ha realizado este lunes
la inspección anunciada de las mejoras exigidas a la prestataria del transporte no adaptado después del informe negativo que emitió a finales del año pasado en relación con distintos elementos del autobús que suele usar para este servicio, desde por el estado de los cinturones de seguridad (“anclajes y otros elementos de seguridad”) hasta por filtraciones de agua.