El acusado reconoció los hechos y se conformó con la pena que le ofrecía la representante del Ministerio Fiscal en el juicio.
La magistrada del juzgado de lo Penal dictó ayer sentencia firme condenatoria contra un hombre acusado de cometer un delito contra la salud pública, es decir, relacionado con el tráfico de drogas, que viene recogido en los artículos 368 y 369.1.5 del Código Penal. La condena que se le impuso consistió en cuatro años de prisión más el abono de una multa de 111.010 euros con tres días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Además, la magistrada decretó el decomiso de la sustancia intervenida y le impuso la obligación de pagar las cosas procesales. El acusado reconoció los hechos y se conformó con la pena que le ofrecía la representantes del Ministerio Fiscal, que rebajó considerablemente la pena que solicitaba en vista del reconocimiento de los hechos.
El hombre que ayer se sentó en el banquillo, un ciudadano de origen magrebí, fue detenido el día 13 de agosto de este año, sobre las 21.20 horas, en la zona de preembarque de vehículos de la estación marítima de la ciudad. Los agentes de la Guardia Civil apostados en el control detectaron la presencia de sustancia estupefaciente en el interior del coche que conducía. Tras examinarlo encontraron aproximadamente 90 kilogramos brutos de hachís (77,6 kilos brutos) ocultos en un doble fondo en el maletero. La droga iba distribuida en 103 bloques. Durante la vista oral el acusado reconoció que su objetivo era pasar la droga hasta Algeciras y, posteriormente, destinarla a la donación o venta a terceras personas y que, por tanto, pensaba lucrarse. A pesar de ello, el hombre se mostró arrepentido y manifestó que “si tuviera algún dinero no habría tenido que recurrir a hacer este trabajo”, dejando claro el motivo por el que accedió a transportar el hachís.
Según las investigaciones, el coche en el que fue detenido el hombre era de un tercero que no ha podido ser identificado plenamente. El acusado dijo no conocer a la persona a cuyo nombre estaban los papeles del vehículo.
La magistrada decretó la firmeza del fallo que había dictado in voce una vez que corroboró que ninguna de las partes tenía la intención de recurrirlo.
