El Registro Estatal de Centros Docentes No Universitarios está cojo. Dice que en la ciudad autónoma hay seis Institutos de Enseñanza Secundaria (IES), dos Escuelas Infantiles, otros tantos Centros de Educación de Adultos, uno de Educación Especial, un Conservatorio, una Escuela Oficial de Idiomas y quince colegios.
Le falta uno que no encaja en ninguno de los conceptos a los que se pueden adscribir a los mencionados. Está en el limbo, como los cuarenta niños y niñas de entre 5 y 17 años que acuden a sus instalaciones de 9.30 a 13.30 horas de lunes a viernes.
En sus clases hay pasaje para un regreso al pasado inmediato: alumnos que comparten mesa con otros que casi podrían ser sus hijos, como en la España de mediados del siglo pasado; sin baño pero con pizarra como la de la misma época, una iluminación precaria, materiales escolares recolectados aquí y allá...
A la Asociación por la Dignidad de Mujeres y Niños (Digmun) de Ceuta, que hace cerca de diez años puso en marcha este recurso bajo el nombre de ‘Integra2’, solamente le sobran ganas y dignidad para seguir remando “sin más apoyo” que el que le brinda una oenegé catalana, Intervida-Educo, con cuyo respaldo económico sufragan los contratos de las dos monitoras que atienden a los estudiantes con el objetivo de “proporcionales una rutina diaria escolar y vital similar a la que tendrían si estuviesen escolarizados”.
La coordinadora del proyecto, Paloma Manzano, tiene claro que en las dependencias que cede la Asociación de Vecinos de la Estación de Ferrocarril no se dan “clases de apoyo”. “Esto es, en realidad, un ‘colegio’ en el que intentamos cubrir el derecho a la Educación de cuarenta niños que viven en Ceuta y que no tienen por qué ser distintos al resto”, aclara.
Las clases se retomaron a finales de septiembre. La vicepresidenta de DIGMUN habla de “un colectivo al que nadie quiere y al que se le ignora”, de un grupo de jóvenes “solos y desprotegidos a los que ni la Ciudad Autónoma ni la Delegación del Gobierno ni el Ministerio de Educación tiene en cuenta”. Cada niño del limbo tiene su propia historia, aunque todos permanecen atrapados en el bucle administrativo que niega la escolarización a quien no tiene el empadronamiento si no cuenta con la tarjeta de residencia.
Así, la asociación acoge a niños de ‘kafala’, el nombre que recibe en el derecho islámico la institución del acogimiento legal por personas distintas a los padres biológicos; a menores “apátridas”; a pequeños a los que no se ha reconocido la nacionalidad pese a que sus padres y todos sus hermanos sí la tienen... De la docencia se encargan dos personas y los voluntarios de ‘Pedagogía Ciudadana’, que una vez por semana, cuando no tienen clase en el Campus, se acercan hasta la Estación de Ferrocarril para dar clases de gimnasia o hacer pruebas de evaluación al alumnado, “que cada año es más numeroso”.
De la Administración Pública, ni flores. “Nosotros”, señala Manzano en el Parque Infantil público que hace las veces de recreo, “no pedimos dinero: si nos pudiesen ayudar, mejor, pero lo más importante sería disponer de unas instalaciones más dignas, y todos sabemos que en esta ciudad hay espacios vacíos pero parece faltar voluntad”.
El colegio del limbo añora, también, un respaldo simbólico que no pasa por ladrillos ni por billetes. “Cada día nos enfrentamos a una nueva dificultad ante la que nos vemos absolutamente solos, sin ningún apoyo, sin ninguna puerta a la que llamar sin que parezca que estamos pidiendo cita en la Casa Blanca”, lamenta Manzano.
A falta de oídos sensibles cercanos, DIGMUN ha buscado auxilio fuera, en la Oficina del Defensor del Pueblo, al que ha remitido una queja oficial alertando de que “en Ceuta nos encontramos un importante número de niños que, independientemente de lo recogido en el artículo 10 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, no en todos los casos está escolarizados a pesar del esfuerzo de las entidades sin ánimo de lucro que trabajamos con ellos”. “Desde el Ministerio de Educación se niegan a reconocer la existencia de este colectivo, por lo que no les permiten escolarizarse, provocando que a un alto número de niños y niñas se les niegue el derecho a la Educación”, resalta la asociación en su misiva, que hasta la fecha tampoco ha tenido respuesta.
“Situaciones inverosímiles” impropias de un país avanzado
Los jóvenes a los que atiende DIGMUN en su ‘colegio’ suelen ser niños marroquíes con entre 5 y 18 años que en “muchos” casos “conocen el castellano porque viven en Ceuta pero muestran importantes deficiencias educativas”. “Al estar viviendo con sus familias no presentan problemas de desarraigo y no están tutelados por la Ciudad, como les sucede a los MENA, pero sí tienen importantes dificultades en su adaptación al entorno social”, ha explicado la asociación al Defensor del Pueblo, al que ha recordado que en la Convención de los Derechos de la Infancia, ratificada por España en 1990, se recoge la “obligatoriedad” de los gobiernos por garantizar la educación obligatoria y gratuita a todos los niños, “al menos en la enseñanza Primaria”. El artículo 10 de Ley Protección Jurídica del Menor recoge: “…Los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación [...] aun cuando no residan legalmente en España”.
