A Rachida (nombre ficticio) no saber quién era Franco, desconocer la autoría del Quijote, qué fue la Transición o cuáles son las fiestas nacionales le ha costado la no concesión de la nacionalidad española. Trámite por el que lleva peleando años. La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso interpuesto contra la resolución del Ministerio de Justicia que concluyó que carecía del mínimo conocimiento para verificar su integración. Rachida tampoco supo contestar cuáles son los derechos y deberes que tienen los españoles, ni aportar nombres de escritores españoles o concretar alguna de las comunidades autónomas. Cuando se le interrogó sobre si leía la prensa española sí acertó a responder, para decir que no. “En la entrevista se puede comprobar que habla y comprende el español con mucha dificultad a pesar de llevar en España veinte años. En cuanto al conocimiento de las instituciones esenciales del Reino, costumbres o modo de vida de los españoles, ni tan siquiera es capaz de comprender las preguntas que se le formulan”, concluyó el juez encargado del Registro Civil de Ceuta al informar desfavorablemente sobre la posibilidad de obtener la nacionalidad española por residencia. Una valoración coincidente con la del Ministerio Fiscal pero que llevó a la Defensa de Rachida a recurrir a instancia superior, en este caso la Audiencia Nacional, que ha mantenido el mismo criterio que en Ceuta. En la sentencia, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, se alude al escaso dominio de la lengua y al nivel básico de expresión oral y comprensión. “Partimos de una mujer nacida en 1974 de la que se desconoce su nivel formativo de origen, pero que inició su residencia legal en el año 2000, teniendo establecida en España su familia, marido e hijos”, expone. El hecho de no conocer siquiera cuestiones básicas o de no poder responder a casi nada de lo que se le preguntó viene a concluir su nula comprensión del lenguaje, lo que incide directamente en su integración. “Ese déficit idiomático y el consecuente desconocimiento institucional y cultural, injustificable en quien lleva en España años, resulta incompatible con el ejercicio de los derechos políticos que lleva consigo la obtención de la nacionalidad”.