Paralizar la implantación de las nuevas tecnologías en el sector de Justicia. Por eso aboga CCOO, debido a los problemas que día tras día afectan al funcionamiento de los juzgados. “Los fallos en los sistema de seguridad de LexNet son solo la punta del iceberg de una nefasta gestión que exige la asunción de responsabilidades políticas y el cese o dimisión de sus responsables”, explica el sindicato.
Y no es que lo diga solo la entidad sindical, en esta ‘guerra’ sí que hay unión, de hecho hasta los magistrados han protestado por las consecuencias que este mal funcionamiento tiene en el desarrollo de las vistas judiciales.
CCOO se ha dirigido a todos los grupos parlamentarios de la oposición a fin de instarles a que presenten iniciativas parlamentarias para que se paralice de forma inmediata la utilización de LexNet y del Expediente Judicial Electrónico, más conocido como ‘papel 0’, hasta que no se dé solución a la gran cantidad de problemas detectados que el sindicato resume en que los sistemas y programas informáticos no son fiables, no son seguros, no son suficientes, no se han implantado de forma programada y no se ha dado la suficiente formación a los trabajadores y trabajadoras que los utilizan.
Pero eso no es lo más grave. Esta semana se ha conocido que Justicia ya sabía desde abril de 2016 que LexNet estaba al borde del colapso. De hecho un informe del departamento ya apuntaba, cuatro meses después de su puesta en marcha, las graves deficiencias que presentaba. Insuficiente capacidad para transmitir ficheros, pérdida de información, sistemas bloqueados, problemas con los navegadores... “Los sistemas informáticos de la Administración de Justicia no funcionan, el personal no puede desarrollar su trabajo con normalidad y sus condiciones laborales, gravemente afectadas por esta importantísima modificación de los métodos de trabajo, no han sido ni siquiera negociadas con los representantes sindicales”, denuncia el sindicato.
CCOO responsabiliza directamente al ministro Catalá de esta nefasta gestión pero también a todos los máximos responsables de su equipo “que se han negado a escuchar las continuas quejas desde todos los operadores jurídicos, incluido este sindicato, que han venido advirtiendo de las constantes caídas de las aplicaciones informáticas, de su lentitud y de su falta de capacidad, de la insuficiencia de recursos destinados para la atención a los usuarios, de la inexistente política de formación profesional”.
El sindicato habla de auténtico despropósito y exige la adopción de medidas urgentes que conduzcan a una nueva estrategia de la administración judicial para evitar este tipo de bloqueos que se derivan en un mal funcionamiento del sistema.
