Cuando la política nos insulta

Si cualquiera de nosotros tuviera la importancia suficiente como para que sus palabras resonaran con un eco atronador, es probable que lanzar uno o dos insultos de mediana gravedad hacia un político nos acarrearía una denuncia y una posterior sanción económica. Sin embargo, cuando la casta política dedica calificativos extremos, tales como “radicales”, “filoetarras” o “golpistas”, a amplios grupos de ciudadanos que blanden su derecho de manifestación y protesta, la contestación se reduce a una polémica de dimensión variable, pero nada más. Esto es lo que ha ocurrido cuando la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha salido a la calle para pedir desesperadamente una ayuda firme y responsable por parte del poder, con el objetivo de resolver una cuestión que ha arruinado la vida a millones de españoles.
Me gustaría que los responsables de este agravio nos explicaran a todos qué características han encontrado en estos movimientos de manifestación y protesta que conecten a estos grupos con el terrorismo o los relacione con el anhelo de implantar dictaduras a golpe de calle. Sobre todo cuando dichas quejas se han lanzado contra una de las tantas absurdeces de la legislación que incluso a la recia Unión Europea le parece inconclusa. Desde luego, si con algo quieren acabar los ciudadanos españoles en general es con el dislate hipotecario reinante, y si alguna dictadura quieren imponer, es la de las necesidades básicas de todos los españoles.
Este desafortunadísimo acto constituye una muestra más del agotamiento de una clase política que además de cometer atrocidades, persiste en ella como si su vida dependiera de ello. Les da exactamente igual el sufrimiento que ocasiona su incapacidad, o el hundimiento al que están condenando a los ciudadanos españoles a base de perder el tiempo en nimiedades  y estar expectantes a las decisiones tambaleantes de la UE. La falta de autocrítica de la politiquería española es casi tan desbordante como la inoperancia que han demostrado en los últimos años, lo cual la sitúa a niveles inefables.
Como sigamos en esta línea, al final nos querrán hacer creer que la crisis económica y el resquebrajamiento del sistema productivo e institucional español son un invento de los ciudadanos que no tienen otra cosa que hacer que buscar una excusa para agitarse de vez en cuando. Unas agitaciones, insisto, tibias y paradójicamente exhaustas, a tenor de la poca convicción con la que la ciudadanía se ha reivindicado desde que la situación económica reciente de España comenzó a oscurecerse. Si los españoles hubieran prolongado su presencia en las calles con mayor tensión y las instituciones nacionales hubieran ofrecido una verdadera pureza democrática en los momentos más delicados, quizá los políticos no se hubieran podido permitir detalles absolutamente tiránicos como este. O en otras palabras: si en España se desarrollara una democracia como la que supuestamente impera en el país, no hubiéramos tenido que asistir a esta auténtica cacicada.
Cada día que pasa las circunstancias dan una vuelta de tuerca y el contexto parece más decadente aún, lo que un día antes parecía imposible. Poco o nada (bueno) se puede decir a favor de los políticos que agreden flagrantemente el respeto a quienes dedican su esfuerzo a reclamar mayor coherencia y cohesión para la estructura del país en pro de fortalecer las necesidades del pueblo. Si ni siquiera nos aseguran uno de los derechos sociales más elementales de la democracia (el respeto) e identifican las aspiraciones distintas a las oficialistas como disidencia radical, ¿qué podemos esperar de ellos? Mucho, desde luego.