Hay noticias que obligan a hacer una pausa antes de sacar conclusiones. Y la información publicada estos días sobre dos contratos adjudicados por el Gobierno de Ceuta en el marco de la crisis migratoria es una de ellas.
Según ha publicado elDiario.es, dos contratos por un importe conjunto superior a los cinco millones de euros fueron adjudicados mediante el procedimiento de emergencia y sin publicidad previa. Las empresas adjudicatarias, según la información publicada, están vinculadas familiarmente con personas que ocupan o han ocupado puestos de confianza relacionados con el presidente de Ceuta, Juan Vivas.
Conviene subrayarlo: una relación familiar no demuestra por sí misma ninguna irregularidad. Tampoco la utilización de un procedimiento de emergencia implica automáticamente que exista algo ilegal. De hecho, el Gobierno de Ceuta sostiene que recurrió a este mecanismo porque la situación generada tras la llegada masiva de migrantes requería una respuesta inmediata y que los expedientes cuentan con los correspondientes informes técnicos y jurídicos.
Pero precisamente por eso resulta razonable plantear algunas preguntas.
Cuando hablamos de millones de euros de dinero público, y especialmente cuando las adjudicaciones se producen sin concurrencia de otras empresas, la transparencia deja de ser una cuestión secundaria. No basta únicamente con que un procedimiento pueda estar contemplado legalmente. También es importante que la ciudadanía pueda comprender por qué se eligió una empresa concreta, qué alternativas se estudiaron y cómo se garantiza que no existe ningún conflicto de intereses.
La emergencia puede justificar que se aceleren los procedimientos. Lo que no debería desaparecer con la emergencia es la obligación de explicar las decisiones.
En este caso, además, existe una circunstancia que hace especialmente comprensible que haya preguntas: las empresas beneficiarias, según la información publicada, tienen vínculos familiares con personas cercanas a cargos de confianza de la Administración. Eso no permite establecer responsabilidades ni permite afirmar que haya existido trato de favor. Pero sí convierte la explicación pública y clara en algo especialmente importante.
Y quizá ahí esté el verdadero debate.
No se trata de condenar anticipadamente a nadie. Tampoco de convertir una información periodística en una sentencia. Se trata de defender una idea bastante sencilla: cuando se administra dinero de todos, cuanto mayor es la cuantía y menor es la competencia entre empresas, mayor debería ser la transparencia.
La ciudadanía tiene derecho a conocer los criterios utilizados. Tiene derecho a saber qué informes justificaron las decisiones. Tiene derecho a conocer las circunstancias que llevaron a elegir a esas empresas y, sobre todo, tiene derecho a que todas esas explicaciones sean públicas y comprensibles.
Porque la confianza en las instituciones no depende únicamente de que las decisiones sean legales. También depende de que sean transparentes y suficientemente explicadas.
En una situación de emergencia, la Administración tiene que actuar rápido. Eso nadie lo discute. Pero actuar rápido y explicar después de forma convincente no son conceptos incompatibles.
Por eso, más allá de partidos, ideologías o intereses políticos, hay una pregunta que debería poder hacerse cualquier ciudadano: ¿está suficientemente explicado cómo se han adjudicado estos millones y por qué precisamente a esas empresas?
Si la respuesta es sí, debería ser sencillo aportar la documentación y aclarar las dudas.
Y si quedan preguntas pendientes, lo más sensato tampoco es convertirlas automáticamente en acusaciones, sino pedir que se respondan. Y, si las explicaciones no resultaran suficientes y existieran indicios objetivos de alguna irregularidad, que sean los organismos de control o, en su caso, los tribunales quienes determinen si existe alguna responsabilidad.
Porque exigir transparencia no significa acusar a nadie.
Significa, simplemente, recordar que el dinero público pertenece a todos y que quienes lo administran tienen la obligación de rendir cuentas sobre cómo lo utilizan.
Y este asunto no debería pasar desapercibido. Los medios de comunicación de Ceuta tienen una responsabilidad evidente a la hora de seguir la evolución de estos contratos, comprobar la documentación disponible y trasladar a la ciudadanía cualquier explicación relevante. Del mismo modo, todos los grupos de la oposición tienen la posibilidad —y la responsabilidad política— de pedir las explicaciones y documentación que consideren necesarias dentro de los mecanismos de control de la Administración.
No se trata de señalar culpables antes de tiempo. Se trata de algo mucho más sencillo: vigilar, preguntar, comprobar y exigir que cada euro de dinero público pueda ser explicado.
Porque cuando hablamos de millones de euros, la transparencia no debería ser una opción ni una cuestión de colores políticos. Debería ser una obligación.
