Las noticias en torno a la incertidumbre en el concierto de Muface continúan, un desequilibro que también salpica a los afiliados de Ceuta. La novedad más reciente ha sido la filtración a La Ser de un informe. Sanidad expone en él la posibilidad del traslado de los mutualistas al Sistema Nacional de Salud con una compensación económica a las comunidades autónomas.
La sugerencia no ha sido del agrado de la delegación local de CSIF que ha decidido ponerse en marcha de nuevo y convocar una concentración el próximo 16 de diciembre.
Su reacción ha sido clara. se oponen completamente a esta opción y vuelven a insistir en la necesidad de licitar de nuevo el contrato. Quieren una segunda oportunidad para que las aseguradoras se acojan al modelo y el sistema persista.
Después de cinco décadas, su funcionamiento se ve amenazada por el rechazo de DKV, Adeslas y Asisa. Es una de las mutuas con más afiliados en España y ya se han producido las primeras consecuencias directas en usuarios, que han dado parte de incidencias desde distintos puntos del país.
La organización, a nivel central, asegura que han recibido cientos de “llamadas de personas” en torno a esta cuestión para obtener más información. “Estamos viendo casos de mutualistas a los que se le deniega la atención en clínicas o chequeos médicos porque estas entidades no tienen claro el futuro del acuerdo”, detallan.
“El Gobierno está jugando con la tranquilidad y la salida de un millón y medio de funcionarios y familiares”, expresan en un comunicado.
Esta idea ha despertado la voz de alarma de los sindicalistas, que ahora apuestan por preparar las siguientes movilizaciones. La primera de ellas ya establecida está marcada en el calendario para el próximo 16 de diciembre. No es la única que estudian. Contemplan parones e incluso llegar a la huelga de función pública.
Ya han “pedido explicaciones” acerca de este asunto y se reafirman en que no aceptan “bajo ningún concepto” que se lleve a cabo una decisión “unilateral del Gobierno”. Se muestran inconformes ya que, según puntualizan, en que se les prometió publicar por de nuevo el contrato en la última reunión del Consejo General de Muface. Su petición es que la administración dé este paso para “garantizar la calidad de la asistencia al colectivo de funcionarios en los siguientes años”.
El Sindicato de Médico de la ciudad también tiene algo que decir al respecto. Enrique Roviralta, presidente de la entidad, ya advirtió acerca de qué consecuencias podría traer el traspaso de pacientes de un lado a otro. El añadido de los 4.189 beneficiarios tendría sus primeros efectos en las listas de espera.
A su juicio, esta inversión en las distintas regiones “no está presupuestada y no se ha mencionado que las competencias asistencias no son de la ministra, si no de cada territorio”. Considera que esta proposición “es más política que técnica” y que de materializarse “conllevará repercusiones sobre los usuarios y los profesionales que los atienden”.
La desaparición de la mutua no solo sería absorbida por la pública. Existe también la posibilidad de que los afectados acudan a una privada, una decisión que tendría un coste personal para ellos. Ello supondría un gasto, de media, que puede ir de los 550 euros a superar los 2.000 euros. La cifra dependerá de cada caso particular y de la entidad a la que se acoja. Así, 2.786 titulares y 1.403 beneficiarios de la mutua, podrían tomar uno u otro camino si emerge, finalmente, este escenario.
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