El sindicato
CSIF en Ceuta explica en nota de prensa que la Mesa General de Negociación se reunió el pasado 20 de junio del presente año. En dicha cita, la administración expuso varias cuestiones, entre ellas, se habló de la necesidad de contratar a más profesores de música. Esta petición está elaborada para atender las necesidades del próximo periodo lectivo y en varias especialidades. Entiende el sindicato que es imprescindible cumplir con el requisito establecido en el Real Decreto 303/2010. Se tratan, aseguran, de unas condiciones mínimas de los centros que imparten las enseñanzas artísticas reguladas en la Ley 2/2006. Estos requisitos mínimos para impartir la docencia de las enseñanzas elementales profesionales de música y danza incluyen la posesión del título de graduado, licenciado, ingeniero o arquitecto, o una titulación equivalente a efectos de docencia. Otros requisitos son la formación pedagógica y didáctica, y la posesión de un título oficial de postgrado que acredite la formación pedagógica y didáctica. Esto último, además, ha de estar de acuerdo con lo exigido en el artículo 96 y en la disposición transitoria octava de la Ley Orgánica 2/2006. En base a todo lo expuesto, desde CSIF exigen que se cumpla con todas estas obligaciones. Sin embargo, el pasado 10 de agosto de 2020, descubrieron que se lanzaron varias ofertas de trabajo para cubrir puestos de profesor de música en el Patronato de Música. Lo sorprendente en esta situación lo encontraron en el incumplimiento de los requisitos establecidos por la ley. Además, no se realizaron nuevos procesos de negociación, ni hubo ningún tipo de comunicación con los agentes sociales. Por tanto, en dichas ofertas no se exigía la titulación ni la cualificación profesional para impartir clases. Por estos motivos, CSIF exige al presidente del Patronato de Música que se paralice todo el proceso. Incluso, advierten que, de no llevarse a cabo la paralización, emprenderán todas las acciones legales que estén a su disposición. Su intención es resolver las responsabilidades administrativas y/o penales que pudieran proceder de la continuación de los procesos de selección que no cuentan con el soporte legal.