La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con representación en Ceuta, ha reclamado este martes al Gobierno que elimine la tasa de reposición en las ofertas de empleo público y establezca "sanciones ejemplares a los gestores públicos que abusen de la temporalidad".
"Nuestra organización considera que se deben adoptar estas medidas tras el recorte de fondos a España por parte de la Comisión Europea, entre otros motivos por incumplir el mandato de reducir la temporalidad, que sigue estancada en el 30 por ciento, el triple que en el sector privado, pese a que la Ley establece el límite en el 8 por ciento", defiende el sindicato en una nota de prensa remitida a los medios de comunicación.
Según CSIF, los gestores públicos que incumplan el límite de temporalidad establecido en la Ley deben ser sancionados y asumir responsabilidad civil. "Sólo de esta manera se podrá combatir de manera efectiva estas situaciones de abuso y precariedad laboral que afecta a miles de trabajadores de nuestras administraciones", ha advertido.
Reunión con el ministro Óscar López para abordar las condiciones laborales del sector público
El sindicato que dirige Miguel Borra ha señalado en un comunicado que ya avisó de que estaban abiertos sendos expedientes por esta causa en la UE y de que se estaban preparando sanciones millonarias contra España por su elevada temporalidad en el sector público.
CSIF denuncia además que la tasa de reposición, que el Gobierno pretende mantener en la próxima oferta de empleo público, "impide a las administraciones cubrir las necesidades de los distintos servicios y les obliga a recurrir a puestos temporales, especialmente en sectores como la sanidad o la educación".
Por otro lado, el sindicato ha indicado que ha pedido una reunión urgente al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, para abordar las condiciones laborales del sector público, entre ellas la temporalidad y la congelación de las nóminas, dado que aún no se ha negociado un nuevo acuerdo salarial.
Subida mínima del 2,8%
"El Gobierno debe una subida mínima del 2,8 por ciento para acompañar los sueldos al IPC registrado el año pasado. En este sentido, calculamos que estaría pendiente una subida media por categorías de 374 euros a cada empleado público, por lo que el Gobierno estaría reteniendo unos 1.112 millones de euros", ha apuntado CSIF, que ha añadido que, en paralelo, seguirá con sus movilizaciones para presionar al Ejecutivo.