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CSIF pide que no se interrumpan en verano los contratos de 22 vigilantes de colegios

Según han denunciado, es el único colectivo de todos los existentes que debe pedir la ayuda por desempleo al SEPE los meses de julio y agosto

El sindicato CSIF ha reclamado al Gobierno de Ceuta que no interrumpa los contratos de los 22 vigilantes cuidadores de los colegios que forman parte de la plantilla de la administración local en calidad de fijos discontinuos. Estos trabajadores, han asegurado en nota de prensa, en algunos casos llevan casi 20 años trabajando en la administración y son los únicos que "siguen viendo interrumpidos sus contratos los meses de julio y agosto".

Esto hace que los empleados, según han denunciado, se vean obligados a pasar los meses de verano con la correspondiente ayuda que solicitan ante el desempleo en el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).

Además de ello, la central sindical ha lamentado que "por el mero hecho de interrumpir sus contratos dichos meses" no disponen de la paga extraordinaria completa, "ni de los mismos días de vacaciones y asuntos propios completos como el resto de los empleados públicos de la Ciudad Autónoma".

"Es tremendamente injusto que el Gobierno local siga eternizando la grave situación de estos 22 empleados ya que ellos, tienen el mismo derecho que el resto de empleados a tener un trabajo digno y sin agravios comparativos con el resto de compañeros de la Ciudad Autónoma. En julio y agosto están obligados a solicitar la ayuda de desempleo aún siendo personal del Ayuntamiento", han continuado.

Por todo ello, "y habiendo transcurrido un plazo de presentación de alegaciones a la modificación presupuestaria aprobada recientemente, plazo que terminó el viernes de la semana pasada", desde CSIF tienen previsto presenta la alegación correspondiente para que el Gobierno "dote de la cuantía económica necesaria a la partida correspondiente" para así no interrumpir el contrato de trabajo de estos 22 empleados públicos.

Finalmente, desde el sindicato han considerado que se trata de un problema que, bajo su opinión, se podría solucionar con "menos de 42.000 euros anuales".

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