Vestidos con petos verdes y con carteles o banderas en mano han concentrado una vez más a las puertas de la Delegación del Gobierno de Ceuta. El sindicato CSIF ha reclamado a pie de calle un nuevo concierto para que no desaparezca Muface, una petición que ha llegado en la recta final del plazo de una nueva firma que permita la continuación del modelo.
Su demanda es similar a las anteriores, pero, en esta ocasión, la preocupación es incluso mayor. Se han movilizado desde distintos ámbitos, tal y como ha narrado Juan Iglesias, presidente de la organización local. “Es el principal motivo por el que nos hemos reunido. El mutualismo no puede desaparecer de hoy para mañana. Funciona desde hace más de cincuenta años”, ha expresado.
La mayor inquietud para este grupo es “la inseguridad” que hay en torno a esta cuestión ya que, de momento, no hay nada en claro. Eso sí, se ha hablado de la posibilidad de trasladar usuarios al sistema público o de poner en marcha un nuevo concierto.
“El Servicio Nacional de Salud está tensionado y asumir el vuelco de los afiliados a la mutua haría que aumentaran las listas de espera”, ha comentado, una idea que se ha repetido desde distintos sectores.
“El Gobierno no debería permitir esta incertidumbre”, ha destacado. “Sus beneficiarios están en una situación de desconcierto. Ven en estas fechas cómo les anulan pruebas e intervenciones quirúrgicas”, ha manifestado. Iglesias se ha puesto como ejemplo de esta circunstancia. Él mismo ha indicado que una cita médica que tenía este mes ha sido pospuesta. “Sin ir más lejos; tenía una consulta el 22 de diciembre y me la han aplazado”, ha concretado.
“El acuerdo vence el 31 de diciembre. Hay un periodo hasta el 31 de enero. Desde el Ejecutivo central han intentado transmitir tranquilidad y han comunicado que en base al artículo 29 de la Ley de contratos del Estado, este posibilitaría prorrogar durante nueve meses más el concierto”, ha señalado.
Sin embargo, ha hecho hincapié en que este mismo documento también incide en que para acceder a esta condición es preciso avisar tiempo antes. “Es algo que no se ha dado y entendemos que existe la probabilidad de que las aseguradoras no continúen”.
El BOE así lo especifica. Se podrá mantener un contrato con las mismas condiciones a la espera de otro de renovación. “Hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses siempre que el anuncio de licitación de este se haya publicado con una antelación mínima de tres meses”.
Se han tomado distintas acciones desde CSIF para abordar esta circunstancia. “El 11 de noviembre nos concentramos. Hemos presentado quejas el pasado lunes ante el defensor del pueblo. Este último viernes fuimos al Congreso y se las presentados a los partidos políticos y este jueves en un congreso en Bruselas de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes vamos a presentar a la Comisión y al Parlamento de Europa otra iniciativa para defender el mutualismo”, ha narrado.
“No descartamos otras medidas de presión. No vamos a dejar que desaparezca Muface”, ha remarcado. “Hay quien dice que esto es un privilegio. Es una situación que nos viene dada por ser funcionario”, ha relatado. “Se elige entre sanidad privada y pública desde hace unos años. Quienes eligen la primera, prestada por empresas, no se le puede privar de ese derecho”, ha enfatizado.
Al mismo tiempo este encuentro en la plaza de los Reyes ha servido para transmitir otras peticiones. Desde CSIF han instado al Estado a sentarse con las diferentes administraciones para de “forma urgente” firmar un acuerdo plurianual vinculado al IPC “con la finalidad de que los empleados tengan una recuperación de poder adquisitivo, una capacidad económica que ya se estaba perdiendo desde hace muchos años”. Iglesias ha considerado que el último pacto salarial de UGT y CCOO “ha acarreado una pérdida del 6% para los trabajadores de España”.
Otra de sus demandas es la concesión de fondos adicionales para “acabar con la desigualdad entre las distintas corporaciones públicas”. Ha manifestado que desde el ente se ha propuesto “un acuerdo plurianual para los años 25, 26 y 27 por un importe de 1.487 millones de euros que conseguiría un equilibrio pleno entre las mismas”.
Han pedido un importe de 1.500 millones de euros, suministrado durante tres años “para acabar con esas diferencias”. Iglesias ha subrayado que “a pesar de que la cantidad pueda parecer grande, es mucho menos de lo que se está ahorrando el Gobierno por las plazas amortizadas y las que vienen en las RPTs que no están ocupadas”.
A su juicio, ha reseñado que “hay un déficit de personal. Es necesario que el Gobierno convoque ofertas para el 2025. Cada vez tenemos menos trabajadores, prestamos un servicio de peor calidad y se nos escapa más talento. Hay una fuga porque no es atractivo aquí porque los salarios no van en consonancia con el índice de precios de la vida”.
Las distinciones en Ceuta han sido también puestas a examen en estas declaraciones. “Hay algunas que se compensan por la indemnización por residencia, pero lleva congelada desde 2007. Esta no da si quiera ni para pagar el alquiler”. Asimismo, ha incidido en que en los sueldos existen disparidades entre regiones. “La administración en el País Vasco está mejor pagada que la de Castilla-La Mancha o la de aquí. Queremos que sea el mismo salario para todos”.
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