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CSIF exige al Gobierno un permiso parental retribuido de 8 semanas

El sindicato tacha la medida aprobada por el Ejecutivo nacional como “insuficiente” y exige adoptar la directiva europea

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Ceuta ha criticado la medida aprobada por el Gobierno sobre el permiso parental retribuido para el cuidado del menos hasta los 8 años, calificándola de “insuficiente”.

En este sentido, desde la formación sindical exigen que se cubran las 8 semanas que establece la directiva europea, con el objetivo de favorecer la conciliación y evitar que la carga de los cuidados siga cayendo de manera mayoritaria sobre las mujeres”.

Sobre este asunto, CSIF indica que son pioneros en el reconocimiento judicial de este derecho, ya que explican que lograron la primera sentencia en el Ayuntamiento de Barcelona, y posteriormente en juzgados de Valladolid y Cuenca, “obteniendo las primeras resoluciones en los juzgados con carácter firme”.

También en la empresa privada

Asimismo, destacan que el pasado 3 de junio se conoció también la primera sentencia en el ámbito de la empresa privada (en el juzgado de lo social número 1 de Barcelona), “lo que sin duda abrirá un debate jurídico, dado que las empresas tendrán que abonar retrasos por un incumplimiento que corresponde al Gobierno de España”, detallan.

“Las sentencias coinciden en señalar que tanto la justicia europea, el Tribunal Constitucional como el Supremo han determinado que el principio de primacía del derecho europea obliga a los jueces a interpretar las normas internas conforme al derecho europeo”, expresan.

Directiva europea

Por otra parte, explican que las disposiciones de la directiva europea (UE) 2019/1158 “son incondicionales, suficientemente claras y precisas, y el permiso parental debe ser retribuido”. Por tanto, comentan que “las sentencias imputan el retraso en el desarrollo reglamentario a la Administración”.

Es por ello que subrayan que van a continuar “reclamando este derecho” y añaden que sus servicios jurídicos, además, “valoran volver a llevar la queja a Bruselas para forzar al Gobierno a reconocer esta importante medida social, cuyo incumplimiento ya está generando sanciones millonarias para España”.

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