El Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Ceuta vuelve a situarse en el foco de la polémica tras la denegación de un permiso legal a uno de sus trabajadores.
El empleado solicitó cinco días hábiles para atender a un familiar de primer grado hospitalizado, un derecho recogido en el artículo 48.a del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Sin embargo, la Dirección de Atención Primaria rechazó la petición en dos ocasiones consecutivas, argumentando que el permiso debía disfrutarse “dentro de los siete primeros días desde el ingreso”.
Desde CSIF aseguran que esta limitación carece de cualquier base legal. La normativa es clara: cinco días hábiles sin condiciones adicionales, sin restricciones por turno y sin limitaciones temporales.
El sindicato denuncia que el Ingesa continúa aplicando un pacto de vacaciones y permisos de 2014, sin actualización ni adaptación a las leyes vigentes.
Esta situación ha derivado en conflictos frecuentes que, en muchos casos, terminan en los tribunales. De hecho, la Audiencia Nacional, en una sentencia de septiembre de 2024, reconoció que los trabajadores pueden disfrutar de estos días de forma discontinua, siempre que la situación del familiar persista.
Además, el Tribunal Supremo (STS 191/2025) ha ratificado que la finalidad del permiso es garantizar la atención al familiar, incluso más allá del alta hospitalaria, si la situación requiere cuidados domiciliarios.
Para CSIF, el caso evidencia “una vulneración flagrante de la ley y un abuso con el trabajador” y refleja “una falta de empatía y humanidad impropia de los profesionales de la salud”.
La segunda denegación del permiso tuvo repercusiones directas en la atención sanitaria.
El trabajador se vio obligado a cubrir una guardia de 16 horas en solitario, mientras su padre permanecía hospitalizado.
Este extremo no solo afecta al empleado, sino que pone en riesgo la calidad y seguridad del servicio que recibe la ciudadanía.
El caso revela un problema estructural más amplio. Los trabajadores del SUAP llevan más de quince años denunciando precariedad laboral sin éxito.
Entre las desigualdades señaladas están:
Todo esto pese a que el personal comparte la misma categoría profesional y depende del mismo organismo, el Ingesa.
La imposición de esta “norma” afecta a todos los trabajadores a turnos del SUAP, no solo al empleado afectado.
El sindicato alerta de que la combinación de denegación de permisos, sobrecarga laboral y normativa obsoleta representa un riesgo serio tanto para los profesionales como para la población atendida.
CSIF ha solicitado al Ingesa:
El sindicato advierte que, si estas prácticas continúan, podrían derivar en acciones legales y demandas colectivas para defender la seguridad laboral y asistencial.
Más allá del caso individual, el episodio pone de relieve la urgencia de modernizar la gestión de permisos y derechos laborales en el SUAP.
Los empleados a turnos, que representan una gran parte del personal del servicio, se enfrentan a restricciones arbitrarias que afectan su salud, su rendimiento y la calidad del servicio que prestan a los ceutíes.
CSIF insiste en que el cumplimiento estricto del EBEP y de las sentencias judiciales debe ser prioritario para garantizar tanto la legalidad como la protección de los trabajadores y la población.
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