CSIF anuncia movilizaciones por el “abandono” de los empleados públicos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha dado a conocer su calendario de movilizaciones con el objetivo de denunciar el “abandono” que los empleados públicos, entre ellos los de Ceuta, “sufren por parte del Gobierno”.

Según indican desde el sindicato, esto se produce debido a que desde la administración pública singuen sin reactivar la negociación colectiva para mejorar las condiciones laborales en diferentes ámbitos, entre ellos la subida salarial pendiente desde el año pasado y un nuevo acuerdo retributivo.

“Desde que se constituyó el Gobierno, en noviembre de 2023, la Mesa de Administraciones Públicas solo se ha convocado en una ocasión”, lamentan desde CSIF para argumentar su postura sobre este asunto.

Las movilizaciones comenzarán el próximo 19 de marzo con una concentración frente al Ministerio de Hacienda en Madrid y que se ampliará a futuras fechas en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de toda España.

Demandas

Sobre esto, la organización sindical entiende que se deben abordar “sin más demoras” diferentes asuntos como la negociación de un nuevo acuerdo salarial, ya que “el actual finalizó el pasado 31 de diciembre”, explican.

“Los empleados públicos han perdido un 9% desde 2022, cuando se firmó el último acuerdo retributivo y más de un 20% desde los recortes de 2010, con el Gobierno de Rodríguez Zapatero”, comentan desde CSIF.

Además, también denuncian que siguen sin ingresar el 0,5% adicional del año pasado. Es por ello que exigen que la subida salarial se produzca de manera automática todos los años, al igual que las pensiones o la subida del SMI.

Por otra parte, demandan la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra; la negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025, eliminando la tasa de reposición; o el balance del plan de estabilización de plazas de personal interino.

Entre otras cosas, también poden la jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementación de carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo; así como la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas.

Las mejoras de las condiciones de jubilación y la regulación inmediata para que los funcionarios y estatutarios puedan acogerse a la jubilación parcial es otra de las demandas del sindicato.

Otras preocupaciones

Además, el sindicato se muestra preocupado por la “incapacidad del Gobierno para presentar unos Presupuestos por su debilidad parlamentaria, y que permitan poner en marcha las reformas que necesitan las administraciones públicas, cada vez más tensionadas en ámbitos tan importantes como la Sanidad, la Educación o la Administración General del Estado”.

“El 60% de la plantilla de la Administración General del Estado se jubilará a lo largo de los próximos 10 años”, explican. Sobre esto, señalan que esta circunstancia “pone en peligro la sostenibilidad de nuestra Administración”.

Asimismo, apuntan que se encuentran enquistados conflictos laborales en la Seguridad Social, Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo o el SEPE.

En la Administración General del Estado y de la Función Pública, alegan que están paralizados o ralentizados “por la falta de apoyos en el Congreso de los Diputados” aspectos como la evaluación del desempeño, la carrera profesional, mejoras en la jubilación, teletrabajo, una nueva clasificación profesional o la jornada de 35 horas semanales.

Precisamente, en el ámbito de la Sanidad comentan que las plantillas están envejecidas y son escasas en muchas especialidades, lo que provoca la saturación de los centros de salud y de las urgencias hospitalarias en invierno o durante el verano en épocas de especial afluencia turística.

En este sentido, añaden que la negociación del Estatuto Marco también “se encuentra paralizada por falta de voluntad política de la ministra de Sanidad”.

En el ámbito de la Educación, la escuela pública reabre cada año las aulas “con déficit de docentes y alta tasa de interinidad”. Por esta razón, exigen que se aceleren las negociaciones para que el Estatuto Docente salga adelante este año y se implementen medidas como aumentar la inversión educativa hasta el 7% del PIB en línea con la UE y un pacto educativo que ofrezca estabilidad al sistema.