El sindicato CSI.F denunció ayer, a través de su sección de Instituciones Penitenciarias, lo que considera una “apuesta del Gobierno por el modelo privado” en la gestión de las prisiones.
Los representantes de los funcionarios alertan de que a partir del 1 de octubre hasta 67 centros donde cumplen condenas los reclusos contarán con servicios de vigilancia privada, que se sumarán a los 250 agentes de esas empresas que ya fueron contratados durante 2013. Así, el total de la plantilla externa sumará a partir de ahora 800 efectivos.
La Central Sindical Independiente subraya que esa decisión conllevará un elevado coste, ya que en aquellos servicios “cuya prestación necesite el uso de arma, se le aplicará un sobrecoste”. También denuncia que “mientras existe una oferta de empleo privada de 800 traabajadores anuales, la oferta de empleo público para Instituciones Penitenciarias se ha reducido a solo 84 plazas en los tres años de legislatura”.
“A esta situación dramática en recursos humanos que padece Instituciones Penitenciarias, tenemos que añadir el envejecimiento paulatino de las plantillas, que ronda una media de entre los 48 y 58 años, y las jubilaciones anuales, que se estiman entre las 350 y 400”, añade el sindicato, que intuye que tras estas decisiones del Gobierno central, y en concreto del Ministerio del Interior, se ocultan “intereses económicos” que prevalecen “sobre la buena gestión de los recursos humanos, con un gasto además para empresas privadas que es totalmente inaceptable”.
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