Advierte de los casos de beneficiarios de extrema gravedad que no pueden hacer frente a los pagos
El Grupo Ciudadanos ha presentado una propuesta por la cual insta al Gobierno de la Ciudad a que estudie las posibles soluciones a las situaciones planteadas y establezca un sistema de control y aplazamiento de pagos en situaciones de extrema necesidad que puedan darse entre los adjudicatarios de viviendas sociales en régimen de alquiler.
El diputado Javier Varga pregunta en su propuesta sobre el número de viviendas sociales adjudicadas en régimen de alquiler que tiene la Ciudad y alude a que sólo las últimas promociones de Loma Colmenar, Villajovita, Serrano Orive y Calderón de la Barca aglutinan cerca de seiscientas.
Los alquileres tienen carácter social y las rentas mensuales a pagar son bajas. En Loma Colmenar, por ejemplo, los alquileres oscilan entre los 170 y los 250 euros. Además, estos alquileres pueden ser bonificados para aquellos adjudicatarios que lo soliciten, de forma que las cuotas finales pueden estar comprendidas, en estos casos, entre los 68 y los 100 euros. Aun así, hay adjudicatarios que no hacen frente a este alquiler social.
“Cabe la posibilidad de que, de manera temporal o prolongándose en el tiempo, alguna de estas familias pase por momentos de necesidad en los que carezcan de cualquier tipo de ingresos que les impide hacer frente a estos pagos. No hay nada previsto para solventar esta situación. Ni las ayudas del Ministerio de Fomento ni las ayudas al alquiler de la Ciudad son aplicables”, expone el grupo.
“Ni pueden solicitar nuevas ayudas para su alquiler, ni pueden acreditar su situación de necesidad. La única alternativa que tienen los inquilinos de una vivienda social que carezcan de ingresos es no pagar, pasando a convertirse en deudores de la Hacienda local. La situación se agrava para ellos en tanto que la falta de pago de las rentas o cuotas complementarias se convierte en causas de resolución de estos contratos”.