Por su parte, Hachuel explica que el registrador de la Propiedad ha solicitado tres documentos que serán enviados, remarca la legalidad de la adquisición del terreno y niega dobles compras
Tras la denuncia de Caballas sobre la compra de los terrenos de la plaza Nicaragua, Ciudadanos informó ayer de que el pasado martes presentó una interpelación al Gobierno sobre la misma operación. El diputado Javier Vargas aseguró que este asunto ha sido “extraño” desde el principio, resuelto, dijo, “a gusto de todas las partes” y se preguntó por qué la Ciudad pagó un millón de euros de más a la propietaria del terreno si según el Reglamento General de Recaudación pudo adquirir la plaza a cambio de la deuda que tenía la empresa con la propia Ciudad.
Ese es el contenido de la interpelación que registró el pasado martes y que Ciudadanos estima que el Gobierno local pudo adquirir los terrenos únicamente por el valor de la deuda que la propietaria tenía con la Ciudad que es lo que contiene el citado artículo.
Vargas dijo no explicarse cómo los técnicos no advirtieron de que se debía aplicar el artículo 109 de ese Reglamento que supondría un ahorro a las arcas públicas de un millón de euros y que dice literalmente: “Cuando en el procedimiento de enajenación... no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes embargados, el órgano de recaudación competente podrá proponer de forma motivada al órgano competente su adjudicación la Hacienda pública en pago de las deudas no cubiertas”.
Vargas explicó que la deuda asciende, en números redondos, a 800.000 euros, más un millón correspondiente a las cargas, cantidad a la que se refiere Ciudadanos que la Ciudad se podía haber ahorrado en virtud de ese artículo 109. En cambio, criticó que el Gobierno local pagara 2,8 millones, de los que 1,8 fue directamente a la empresa propietaria de los terrenos más el millón de euros de las cargas.
El diputado de C’s pidió también explicaciones al Gobierno sobre los motivos por los que el registrador de la Propiedad ha suspendido la inscripción de la titularidad de los terrenos, documento que aún no ha llegado al Ayuntamiento, según dijo Vargas. El parlamentario afirmó que en la mañana de ayer preguntó en las áreas de Patrimonio, Fomento, Hacienda, Servicios Tributarios y en el Registro General por el documento y la respuesta fue repetitiva “o no lo tienen o no ha entrado”.
Pero el diputado aseguró que el Gobierno tiene en su poder ese documento del registrador de la Propiedad y dijo parecer que lo ‘oculta’ en la línea de “ocultismo real frente al cacareado derecho de los diputados a acceder a la información”.
A pesar de que Vargas dijo no haber podido acceder a ese documento sí informó en su comparecencia que el registrador de la Propiedad ha suspendido, de manera “cautelar”, la inscripción, pues ha solicitado varios documentos, como, los informes periciales sobre la valoración de las parcelas, “y uno de esos puntos hace referencia al artículo 109”, aseguró.
La respuesta de Hachuel Horas después de la comparecencia de Vargas, el portavoz del Ejecutivo ceutí, Jacob Hachuel, explicó detalladamente los documentos que se solicitan. Calificó este trámite de normal en cualquier caso, “el registrador ha hecho su trabajo”. Frente a la polémica levantada por Coalición Caballas y ayer por Ciudadanos, Hachuel explicó que el documento del registrador entra dentro de la normalidad en los trámites administrativos de esta naturaleza.
Al igual que dijo Vargas, el Registro de la Propiedad reclama la peritación de la plaza, una peritación, que según explicó Hachuel, está recogida en las escrituras de la parcela, pero que, dado que el registrador las quiere específicamente “se enviarán”. También solicita que, según la ley de Regímenes Locales toda adquisición que supere el 25% del presupuesto total de la Ciudad debe pasar por el Pleno. Ciertamente Hachuel señaló que “el registrador no tiene por qué saber cuál es el presupuesto de Ceuta y por supuesto se le aportará la documentación necesaria”.
En tercer lugar, indicó Hachuel, el registrador solicita que un técnico de Fomento acredite que el procedimiento de subasta que se siguió para la adquisición de la plaza Nicaragua fue el “procedente y adecuado”. El portavoz argumentó que la subasta así fue, porque una expropiación por el importe de la deuda no hubiera sido admitido por la empresa propietaria, lo que podría haber alargado el litigio durante diez años. La intención del Gobierno local era y es dar “viabilidad” a la plaza y “poder empezar a trabajar”. Por ello, se subastó y dado que el suelo tiene un uso dotacional, Hachuel indicó, que no habría muchas empresas o personas interesadas en adquirir unos terrenos en los que no pueden, por ejemplo, construir viviendas.
Respuesta a Caballas Por último, negó, como dijo Caballas, que la Ciudad haya comprado dos veces la misma parcela dentro de los terrenos de la plaza. En su día, explicó, la Ciudad hizo una cesión de uso a condición de que el proyecto de la propietaria se ejecutara. Dado que no ha sido así, la citada cesión nunca se hizo efectiva. Por tanto, la denuncia de Caballas, dijo Hachuel “es falsa”.