La crisis migratoria que afecta sobre todo a Canarias y Ceuta terminará siendo objeto de debate en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, que se celebrará la próxima semana. Los máximos representantes del Ministerio del Interior y del de Política Territorial y Memoria Democrática deberán comparecer para responder a preguntas de diputados.
Es una ocasión de interés para ahondar en la situación que se está produciendo sobre todo en estos últimos meses y especialmente en lo que afecta a los menores extranjeros no acompañados.
Conceptos como el de solidaridad interterritorial son conocidos por todos, pero curiosamente no terminan de cumplirse. La mera ubicación geográfica de unos territorios no tiene por qué conllevar unas consecuencias que sean asumidas por las zonas afectadas cuando se trata de asuntos como la inmigración.
A pesar de los discursos insistentes y en la misma línea de las comunidades afectadas, no hay respuestas eficientes para poner claridad a todo este debate, lo que indirectamente está dando pie a la generación de posturas atentatorias contra los derechos de los menores, que son los que siempre deben ser respetados y protegidos por encima de todo.
Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este 2024 han llegado a España de forma irregular 35.456 personas, un 62,8% más que en el mismo periodo de 2023 (21.780), según el último balance del Ministerio del Interior. Solo en el caso de Ceuta también se ha registrado un aumento sobre todo por los espigones.
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