Cuando alguien se quita la vida desesperadamente antes de que le echen de su hogar, tenemos un problema.
Cuando son varias las personas que lo han hecho en el último año por ese mismo motivo, el problema crece y nos afecta a tod@s. Cuando la Unión Europea considera que la ley española de desahucios vulnera las normas de la Unión por desproteger los derechos de consumidores y por la existencia de clausulas abusivas, el problema rebasa la categoría de problema para convertirse en una auténtica injusticia permitida y amparada por el gobierno que tenemos.
Quienes intervienen en este tipo procedimientos (personas afectadas, jueces, abogados, funcionarios…) tienen las manos atadas ante normas que atañen al desalojo y la ejecución de bienes inmuebles, sin apenas margen de maniobra.
Por otro lado, se viene observando cómo el gobierno hace tiempo que decidió convertirse en cómplice de las malas praxis de algunos bancos y cajas, mirando hacia otro lado, sin impedir ni acotar los abusos a los que con demasiada frecuencia se han ido enfrentando quienes para adquirir sus casas tuvieron que firmar todo lo que las entidades financieras les ponían por delante.
“Casualmente”, horas antes de conocer el dictamen de la UE, los partidos con mayor representación en nuestro país, últimamente también conocidos como PPSOE, decidieron reunirse para tratar de buscar soluciones a un problema que se les ha ido de las manos (Resulta curioso: No se escuchan las voces autorizadas de nuestro país que llevan tiempo advirtiéndolo, ni mucho menos a las miles de personas que venían alzando sus protestas contra una norma tan injusta, si no que es el toque de la Unión el que les hace darse cuenta del error de no actuar por cambiar la normativa)…
Atravesamos tiempos de crisis y no sólo financiera sino más bien una auténtica crisis de valores en su más amplia extensión, que deberían tener quienes están gobernándonos (lo que explicaría el proceder totalmente contrario a lo que la ciudadanía concibe): valores como el de la honestidad y la justicia social parecen haberse extinguido en el gobierno.
Y como reflejan las últimas encuestas, la aplastante mayoría de la ciudadanía española, haciendo un pronóstico absolutamente pesimista de la situación actual de nuestro país considera de urgencia adoptar medidas inmediatas y eficaces porque existe un hartazgo generalizado de escuchar declaraciones de intenciones que la mayoría de las veces no dejan de ser más que cantos de sirenas.
Es más, la desconfianza en el gobierno que tenemos es tal, que la mayoría de la población recela de las instituciones públicas y se muestra convencida de que si no fuera por la solidaridad, la situación en España sería aún peor. Algo de lo que incluso los que gobiernan son conscientes.
