Últimamente nos llena la boca de ir por todas partes pregonando la “Marca España”, que por lo visto ahora vende mucho o, al menos, así lo quisiéramos los españoles. Ahora ya la Unión Europea no tiene que intervenirnos, estamos empezando a crear empleo neto, la actividad económica parece reanimarse, exportamos más que nunca, la Bolsa sube, el consumo y el turismo interno se animan, los extranjeros comienzan a invertir de nuevo en España, ya Hacienda recauda más, y ahora se dispone a rebajarnos los impuestos con vistas a la campaña de las elecciones europeas, y también de cara ya a la próxima legislatura para congraciarse con los votantes y que los electores nos vayamos concienciando de que los políticos se tienen más que merecido nuestro voto, porque no en vano hemos pasado ya el ecuador de la legislatura actual y también tienen que ir invirtiendo en hacernos una buena propaganda a tiempo.
Ahora ya no se habla de “brotes verdes” como los de antes, pero ya la cosa no está tan negra y estamos empezando a ver ciertos destellos de luz allá en la lejanía del oscuro túnel de la crisis que todavía vamos atravesando. Y eso es bueno, y también es un mérito que hay que reconocerles a los que nos gobiernan, el hecho indubitado de que los síntomas sean bastante más positivos. Pero por muy buenos propósitos con que los políticos quieran vendernos la “Marca España”, ésta está más que pálida, empañada y ensombrecida en nuestro país por el tema estrella de la corrupción, que todos los días está llenando las páginas de todos los periódicos, las ondas de radio y las imágenes de televisión. Somos de los países donde más número de pillos, mangantes, pícaros, truhanes y sinvergüenzas hay por metro cuadrado entre políticos, sindicalistas, banqueros y demás maleantes corruptos, pese a que, claro está, como no hay regla sin excepción, me consta que todavía hay muchas personas de esos grupos sociales que cito que son honradas y decentes, aunque la lista de estos últimos vaya cada vez encogiendo más. Me refiero sólo a los ya condenados en juicio, porque los imputados ya no caben en la lista.
Y es que, los ciudadanos, los votantes y la sociedad en general, estamos ya hastiados y hartos de que, entre unos y otros se lleven el dinero público de las arcas del Estado por aquello que algunos han dicho de que, como es “público y de todos”, los que roban lo que hacen es llevarse su parte. Y lo que es más irritante y más solivianta a las personas honestas es que aquí a nadie se les obligue a devolver lo que se llevan o que, en caso de que para no tener que devolverlo se declaren insolventes, pues tampoco se le obligue a pagar lo que han robado con una mayor pena a cumplir de forma real y efectiva, porque, claro, luego a todos se les aplica esa fácil redención de pena por el trabajo o por buena conducta, aunque la mayoría de las veces ni con una ni otra cosa cumplan, y resulta que simplemente pasándose unos meses en la cárcel con eso queda ya expiada toda la pena, quedan en libertad y a seguir robando.
Vivimos en una sociedad en la que en la aplicación de las leyes, las penas, los impuestos, las tasas y las contribuciones, con cuyos tributos cada día nos cosen más cada una de las tres Administraciones (Estado, Autonomías, Ayuntamientos y Diputaciones, pues resulta que quien es honesto, quien paga y cumple escrupulosamente con sus obligaciones, pues resulta que muchas veces tiene muchos más problemas que quienes sistemáticamente delinquen o no contribuyen y andan por ahí viviendo a costa de todos y también riéndose de todos. ¿Por qué a quienes los Tribunales de Justicia les condenan y les imponen una pena, luego el Gobierno con tanta frecuencia y a su libre arbitrio (cuando no con libre arbitrariedad), puede tan fácilmente condonar la pena?. Es que eso es poner al poder Ejecutivo por encima del Judicial; es, de alguna forma, dejar en ridículo a los Tribunales que les han condenado con la ley en la mano; es, también, favorecer al delincuente en perjuicio de las personas decentes. Eso sólo debería hacerse en los supuestos de errores judiciales, pero no a tanta gente y forma casi sistemática; porque, si no, se está dando mejor trato o haciéndose de mejor derecho a quienes delinquen y a quienes incumplen respecto de las personas honradas y de bien.
Pero volvamos a la “Marca España”, para la que la corrupción es la peor imagen que puede representarla. ¿Cómo va a vender en el extranjero ni en ningún sitio esa imagen actual de España con la corrupción todos los días en los medios de comunicación?. No porque las noticias sobre corrupción se divulguen, que claro que sí hay que divulgarla y denunciarla públicamente, sino por el mal efecto que producen porque real y efectivamente existe. ¿Cómo va a vender el hecho que desde hace un lustro todavía a diario nuestros medios de comunicación y nuestros Juzgados presenten casi diario esa imagen tan vergonzosa y sonrojante de la Gürtel?. ¿Cómo va a vender el hecho de que desde hace casi el mismo tiempo el dinero del Estado o de la Unión Europea destinado a los trabajadores despedidos por los EREs y a cursos para la formación de trabajadores a fin de que puedan mejor encontrar trabajo y, luego, terminen gastándoselo Directores Generales y demás políticos en drogas, club de alterne, o repartiéndoselo todos los “listillos”, como está declarado en sede judicial?. ¿Con qué rostro puede animarse luego a un pueblo a que acuda a votar, que durante la democracia tatas lecciones ha dado de ciudadanía, de moderación, de madurez y de sensatez política, y luego a cambio se le está pagando con tantos desmanes y tantos desafueros por parte de algunos políticos?. Eso es impresentable.
Así ocurre que luego la misma Unión Europea pues parece ser que ya ha pedido cuenta y razón sobre los últimos 2.000 millones de euros que, según dichos medios de comunicación, supuestamente se han defraudado en Andalucía por malversación de fondos públicos en cursos impartidos – o más bien que debían impartirse – por empresarios, sindicatos, etc. .
Y así sucede también que un informe reciente sobre corrupción en España, elaborado por la Unión Europea, pues viene a suponer el mayor varapalo para la tan cacareada “Marca España”, que incluso puede dificultar la recuperación del crédito exterior y debería abochornar a los partidos que gobiernan y a las Administraciones que gestionan. Y ello porque, según algunos medios de comunicación, en ese presunto informe queda claro que España se ha situado en la Champions League de la vergonzante y poco honorable clasificación de países corruptos.
Estos son algunos de los datos del informe presentado por la Comisaria de Interior: Uno de cada cuatro euros de los contratos públicos – es decir el 25% – acaba en manos de corruptos. El 97% de las empresas detecta prácticas irregulares en las Administraciones. Entre 1996 y 2009, los medios de comunicación se hicieron eco de 5.144 casos de corrupción que afectaron a 600 municipios. La Comisión ha detectado tres grandes focos en los escándalos de corrupción: el desarrollo urbanístico, la financiación de los partidos y la contratación pública. Es decir, que todos los niveles de las Administraciones están afectados por comportamientos corruptos, aunque Bruselas pone especial énfasis en el riesgo que supone el poder discrecional de los Ayuntamientos para la planificación urbanística y en la falta de transparencia y control de las cuentas de los partidos políticos. Y es que todo se politiza para así poder llevarse más.
Aunque el documento es informativo, la Comisión aconseja a España que tome medidas para atajar un grave problema que preocupa al 95% de los españoles –frente a una media del 63% en los países de la UE– y que en definitiva es la causa principal de la crisis por la que atraviesa el modelo de representación democrática. Y a pesar de que tanto el CIS como el resto de las empresas demoscópicas alertan desde hace tiempo de la alarma ciudadana por los escándalos de corrupción, Bruselas advierte que las medidas que se han tomado no son suficientes para atajar el problema. Concretamente, propone una mayor supervisión de las donaciones de empresas que contraten con el Estado y cambios en la Ley de Transparencia para establecer controles independientes sobre su cumplimiento. Es una auténtica vergüenza.