Aunque la mayoría de los inmigrantes africanos migran dentro del continente, una imponente proporción lo hace en dirección a Europa. Para contrastar dichos flujos, la Unión Europea (UE) ha ido trasladando su control de fronteras cada vez más al Sur, en concreto, hacia África. Pero existe un punto neurálgico que escapa a la inspección comunitaria: me refiero a los periplos migratorios que cruzan el Estado de Libia. Para franquear el Mediterráneo con rumbo a Europa existen pocos puntos donde realizarlo. Uno de ellos es Libia, si bien, sus litorales están más distantes del Viejo Continente que de Marruecos, Túnez o Argelia, y éstos no están inspeccionados por la política fronteriza de la Unión. Y es que, tras el declive de Muamar Gadafi (1942-2011), Libia se ha transformado en un Estado fallido. Sin una autoridad que administre el país y con un desierto espacioso que envuelve la mayor parte de su departamento, las verificaciones fronterizas para acceder o salir se han vuelto imaginarias, haciendo de este enclave el itinerario preferente de las mafias y grupos que se consagran al tráfico de personas con el propósito de transferirlas hasta Europa. Algo así, como un negocio en el Norte de África y una fuente de ingresos crucial en una nación desolada por la guerra. Sin obviar, la geopolítica que aglutina, porque ni mucho menos se trata de un estado pequeño ni sencillo de administrar, y en las hostilidades presentes entre regiones y tribus se ha podido advertir que los grupos que lo habitan poseen diversos intereses, desde las facciones que combaten por dominar el Estado hasta los tuareg o los tubus que reclaman su autonomía. En esta esfera singular de conflicto y sin atribuciones estatales competentes, las mafias de tráfico de personas se han combinado con el conflicto bélico. Los tuareg se han hecho con la primacía de las órbitas migratorias transaharianas y parte de los secuaces se disponen al secuestro, esclavización y venta de migrantes subsaharianos, haciendo de Libia un drama para los inmigrantes y, su la vez, la mejor alternativa para alcanzar el continente europeo. Con estas connotaciones preliminares, el trayecto del Mediterráneo Central con vía de salida en la República Tunecina y Libia y destino Italia, y la del Atlántico, con punto de escapatoria en las costas del Sur del Reino de Marruecos y el Sáhara y fin de recorrido en las Islas Canarias, como los dos puntos calientes de la migración irregular del momento. La disyuntiva de los precios de los alimentos, como la sequía y la violencia puesta en escena tanto en el Sahel, el África Occidental y el Magreb, instan cada vez más a los individuos a pretender escabullirse sea como sea, del continente en busca de alcanzar el sueño europeo. Mientras tanto, las discrepancias habidas entre los estados miembros de la UE a la hora de afrontar la cuestión migratoria, o séase, un acuerdo inicial para reformar la política de asilo, continúan estando sobre la mesa, como quedó reflejado. El acuerdo que se demorará hasta que por fin entre en vigor, no será lo suficiente como para impedir los muchos fallecimientos que se producen en las aguas, en tanto no se proceda en el origen del problema. Sin lugar a dudas, el punto más vehemente del momento es la ruta migratoria del Mediterráneo Central, donde cientos por miles de personas venidas de diversas zonas del Magreb, el Sahel y Oriente Medio, intentan cada día de lanzarse en barcas de distinta dimensión con el ideal de penetrar en las costas griegas e italianas desde superficie tunecina, libia o egipcia. A día de hoy, Costa de Marfil es la procedencia mayoritaria de quienes prefieren emprender esta andanza mortífera. El lance más aciago de los últimos meses se originó el pasado 13/VI/2023, cuando centenares de personas perecieron al zozobrar en aguas internacionales del Mar Jónico, en una embarcación pesquera que había partido de las costas de Egipto con dirección a Italia. Del desastre acontecido, las autoridades griegas pudieron rescatar con vida a algo más de un centenar de individuos y recuperaron los cuerpos de setenta y ocho migrantes más, pero el rastro de los integrantes en el buque siniestrado, algo más de 750 personas según los cuentas de algunas ONG, han desaparecido para siempre. Aunque no se conocen con certeza las nacionalidades de los desaparecidos, sí se supo de primerísima mano la de los rescatados. Es decir, palestinos, egipcios, sirios y pakistaníes. Lo que demuestra que se confirman varias rutas migratorias activas con origen en Oriente Medio. Otro dato a tener en cuenta: las autoridades pakistaníes valoran que navegaban en el pesquero naufragado más de 200 nacionales. Coincidiendo con el desastre a unos 75 kilómetros de las costas del Peloponeso o Morea, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) clarificaba cantidades categóricas: en el año 2022, más de 2.400 individuos murieron o se esfumaron en las profundidades de las aguas del Mediterráneo, lo que imprimió un aumento del 16,7% con respecto a 2021. En lo que ha transcurrido de año la organización de la ONU ha contabilizado unos 1.800 muertos y más de 103.500 intentos de atravesar el Mediterráneo. Hay que tener en cuenta, que las descriptivas no recogen apreciaciones sobre quienes pierden la vida en los dramas en que acaban convirtiéndose su tránsito desde los distintos puntos africanos de origen hacia el Norte del continente. En tanto, el camino del Mediterráneo Central se mantiene por encima en los últimos meses, el Occidental acumula la predisposición contraria gracias a la cooperación fronteriza entre España y Marruecos, que mismamente es el apoyo con Europa. Tras más de un año de apremio marroquí al Ejecutivo español en distintas avanzadillas, incluyéndose el migratorio que alcanzó su apogeo con la entrada masiva en Melilla de más de 10.000 jóvenes en 48 horas como resultado del retraimiento de las fuerzas de seguridad marroquíes, la administración socialista optó por invertir el escenario defendiendo la proposición de autonomía avanzada de Rabat para el Sáhara Occidental. Si bien, todo permutó de raíz a partir del 18/III/2022, fecha en que repercutió la carta del jefe del Gobierno al rey de Marruecos. Pero si el Mediterráneo Occidental y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, con la salvedad que los límites fronterizos se hallan prácticamente protegidos, últimamente se expandía cómo Rabat edifica una tercera valla entre Nador y Melilla, prácticamente donde se originó el intento masivo el año pasado, la contribución de Rabat parece estar facilitando los resultados esperados para el Gobierno de España, el contexto no es tan eficiente en aguas del Océano Atlántico. Aunque con un menor foco en los medios de comunicación, el itinerario migratorio que con inicio en las costas del Sur de Marruecos y el Sáhara, en paradójicas ocasiones en Senegal, tiene como destino el archipiélago canario experimenta variaciones. Los subsaharianos alcanzan los litorales atlánticos por medio de Mauritania atravesando el Sáhara Occidental o desde Argelia. Proceden, como apuntan diversos medios de estados como Burkina Faso, Senegal, Costa de Marfil, Mali, Camerún o Sudán. En atención al último Informe quincenal del Ministerio del Interior español, de enero a mitad de junio vinieron irregularmente a Canarias 5.914 migrantes. Tan sólo en las quince primeras jornadas de junio, alcanzaron territorio insular un total de 1.508 migrantes, lo que refiere una media habitual de un centenar en lugar de los 39 que lo hacían hasta el mes anterior. Además, del 15 al 31 de mayo lo hicieron 911 individuos. Y de acuerdo a los antecedentes de la ONG ‘Caminando Fronteras’, un total de 2.390 personas murieron en 2022 en la ruta hacia suelo español. Entre tanto, en Bruselas la materia migratoria rotula desde el comienzo de la presidencia española en el Consejo de la Unión, desea encontrar soluciones a contrarreloj. En septiembre de 2020 la Comisión Europea había expuesto un Pacto sobre Migración y Asilo, un paquete de reformas que aguarda llevar a cabo en 2024 y pronostica una protección ineludible pero flexible entre los estados en la atención de los peticionarios de asilo.
“Parece claro que, a pesar de los guarismos de desdichas que se producen tanto en aguas mediterráneas como atlánticas, los jóvenes africanos continuarán en su empecinamiento de arriesgarlo todo, con tal de ver realizado el anhelo de alcanzar tierra europea”
El 8/VII/2023 los ministros del Interior llegaron a un principio de acuerdo para modificar las medidas de asilo, que determina que los migrantes venidos a suelo europeo han de pedir asilo en el primer país que alcancen, aunque los Estados miembros pueden inclinar la balanza por no reubicarlos si sufragan 20.000 euros por individuo a un fondo comunitario. Toda vez, que Polonia y Hungría que objetan el acuerdo, se desmarcaban de los resultados del debate migratorio en la cumbre de jefes de Estado y Gobierno. Y al hilo de lo anterior, las ONG, s hace tiempo que culpan a las autoridades europeas como meros responsables de la continuidad de las desdichas en aguas mediterráneas y atlánticas, e indican de modo preciso la pasividad de la agencia comunitaria de fronteras, FRONTEX, a la hora de materializar los rescates. Al margen de la reforma del sistema de asilo, los representantes comunitarios se afanan por una escapatoria que allanen los muchos impedimentos, que transita por apuntalar financieramente a los dos socios predilectos de la UE en el Norte de África. Cuales son, Marruecos y Túnez. Ambos países han dejado claro que no están por la labor de actuar incesantemente ocupando el molesto protagonismo de ‘gendarmes de Europa’. Tanto Marruecos como Túnez procurarán extraer lo mejor económica y políticamente de su entorno estratégico. Para Rabat el sostén de los principales actores europeos a su soberanía sobre el Sáhara Occidental es la primera de las preferencias, y las autoridades marroquíes están al corriente que la UE precisa cuanto antes alcanzar un acuerdo pesquero que atañe, sobre todo, a los barcos españoles. Por su parte, Túnez, que vive un intervalo financiero bastante complejo, confía en que el Fondo Monetario Internacional (FMI) acabe otorgándole un paquete de rescate estimado en poco más o menos, 2.000 millones de dólares para comenzar a aplacar la precaria posición. A decir verdad, la migración siempre se las compone para volver a establecerse en un lugar definido en la agenda política europea. Esto ocurre no sólo dentro de la UE, sino igualmente en lo que toca a los nexos con terceros países que ocupan un papel importante a la hora de impedir que los flujos migratorios mixtos irregulares alcancen suelo comunitario. La atención renovada sobre la migración se ha visto fuertemente inducida por el incremento de las llegadas por medio de la ruta del Mediterráneo Central y en correlación con los hechos sucedidos en la frontera hispano-marroquí de Ceuta en mayo de 2021. Al mismo tiempo se dio el caso y con anterioridad a que se desbocara la crisis epidemiológica, cuando las rigideces en la frontera greco-turca repusieron de momento la migración al centro del memorándum de la UE y de las relaciones de Europa con Turquía. El crecimiento de las llegadas irregulares suele ir acompañado de manifestaciones de los dirigentes europeos sobre el menester de vigorizar la contribución con terceros países en materia de gestión de la migración. Cuando estos advenimientos parecen estar organizados o sostenidos por estos terceros países, como aconteció en la frontera greco-turca en 2020, la UE refresca a sus socios la responsabilidad a la hora de inspeccionar sus límites fronterizos, recalcando que no permitirá la explotación de la migración. Estos incidentes desenmascaran los principales dilemas que subyacen a la gobernanza de la migración por parte de la UE, particularmente, su extensión exterior. Primero, la UE acude cada vez más a socios externos para aplacar la migración irregular, que continúa estando como la aspiración clave que tutela su política migratoria. Esto involucra mayor dependencia de los socios. A pesar de los impulsos comprendidos con el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo para desenmarañar la presilla entre la solidaridad interna, el repartimiento de responsabilidades y la cooperación externa, el acuerdo entre los Estados miembros continúa limitándose a la última dimensión, mientras que las dos primeras luchan por prosperar. Segundo, el nivel en que la UE puede depositar con eficiencia las responsabilidades de gestión de la migración en terceros países, estriba en gran medida del tono institucional y del ambiente político y de seguridad del estado asociado. En un pasaje de desgaste de la autoridad estatal y de desintegración de la gobernanza, como es el caso preciso de la Libia posterior a Gadafi, la capacidad de los estados socios para desempeñar con presteza los requerimientos de la UE en materia de control migratorio es perceptiblemente exclusivo. Conjuntamente, reiterar dicho objetivo en tales condiciones encierra una fricción potencial entre la indagación de propósitos migratorios a corto plazo y los objetivos de política exterior a más largo plazo, equidistantes en el desenlace de los conflictos, la estabilización y la paz. Y tercero, la paulatina trascendencia de los socios externos en la gobernanza de la migración de la UE redunda irreparablemente en las interdependencias entre ambas partes, concediendo a los socios de una proyección que se monopoliza cada vez más para conseguir beneficios de la UE. De esta manera, varios estados que proceden como centros capitales en las rutas migratorias que llegan a Europa, llámense, Níger, Túnez, Turquía, Marruecos y Libia, han visto crecer progresivamente su encargo e influencia de modo demostrativo en las últimas etapas. Los graves incidentes y llamémosle contratiempos habidos en Ceuta por el cruce masivo de personas (17/V/2021), fue el agua que colmó el vaso de cómo la cooperación en materia de migración puede explotarse fácilmente como torniquete geopolítico de cara a Europa o a determinados estados miembros. Ahora que Libia se ha lanzado a un delicado sendero hacia la reconciliación bajo el liderazgo transitorio del Gobierno de Unidad Nacional, de forma que la migración se conformará dentro de la visión más amplia de la UE para la cimentación de la paz y la plasmación de capacidades, sugiere algunas interrogantes con respecto a los puntos anteriores. Se ha vuelto a hacer mención a la disyuntiva de la cooperación en materia de migración con Libia después del incremento de cruces en el Mediterráneo Central. Tras decrecer desde 2016 la cantidad de irrupciones irregulares a Italia comenzó a crecer nuevamente en 2020, cuando arribaron más de 34.000 migrantes. Lo que ha desempolvado las disputas internas sobre la migración y las apelaciones a la solidaridad europea mediante acuerdos de reubicación temporal que han recibido una réplica ambivalente. En relación al calibre exterior, el ex primer ministro Mario Draghi (1947-75 años), además de resaltar el compromiso de Italia de rescatar a los que estén jugándose la vida “en aguas territoriales italianas”, insistió en la tradicional dirección asentada en una mayor cooperación con Túnez y Libia en el control de las lindes, la pugna contra los traficantes de personas y el entendimiento de mayores cuotas de retorno. Draghi, igualmente hizo hincapié en la premura de reponer las condiciones de seguridad oportunas en Libia: la instauración de capacidades y la gestión de la migración parecen ir de la mano. Un recado comparable afloró cuando se dialogó de apuntalar la reconstrucción económica en Libia y se hizo una llamada a la cooperación migratoria. La significación de Libia para las políticas migratorias italianas y europeas no es novedosa. Recuérdese que en el tiempo de Gadafi, Libia era sobre todo el colofón para los trabajadores migrantes cautivados por una economía pujante que requería mano de obra barata. Con todo, a partir de las postrimerías de los noventa, Libia se erigió en un territorio de tránsito para la migración irregular con dirección a la UE, lo que llevó aparejado que el régimen alcanzara un papel perentorio en el control de la migración. De este modo, los migrantes fueron contemplados como un instrumento para presionar cada vez más a Europa. De hecho, Gadafi empleó esta estabilidad emergente, conviniendo ayudar a contener que los migrantes y los demandantes de asilo atravesaran el Mediterráneo a cambio de que la UE levantara las sanciones. Idéntico discurso se dedicó al Acuerdo de Amistad entre Italia y Libia que bordó la dirección de los acuerdos transaccionales entre países europeos y terceros estados que intervienen como resortes, en los que los primeros otorgan beneficios políticos y financieros a cambio de que los segundos intervengan la migración irregular. El pronunciamiento y sus efectos afines puso el punto y final a lo que podría precisarse como el modelo Gadafi. Sin embargo, el modus operandi de aplicar la migración frente a una UE cada vez más remisa a los migrantes no llegó a su fin. En una situación de degradación de la autoridad del Estado, las milicias y los grupos irregulares libios igualmente se valieron de la evasiva de la migración, mientras la UE se hallaba sin interlocutores con los que poder extraer alguna conversación sobre migración y controles fronterizos. El entresijo de los migrantes y refugiados se volvió todavía más quebradizo. Libia en ningún tiempo refrendó la Convención de Refugiados de 1951: los desprovistos de protección no pueden reclamar asilo ni obtener un estatus legal y pueden ser recluidos en cualquier instante. La detención, entre otras muchas causas, ha sido un asunto fundamentalmente peliagudo, porque las milicias suelen encargarse de sus propias prisiones. Los individuos perduran en estas infraestructuras durante espacios de tiempo indefinidos, al margen de cualquier marco legal congruente en medio de la indisposición del sistema legislativo en Libia. Esto denota que las milicias y los grupos irregulares siguen estando a sus anchas en lo que atañe a la supervivencia de los sujetos bajo su vigilancia, incluidos los migrantes y refugiados. Finalmente, un proceso efectivo de creación de capacidades puede adquirir diversos beneficios a largo plazo. La evolución de centralización del poder y de fortalecimiento de la infraestructura institucional podría equipar a la UE de participantes con los que colaborar de manera más previsible. Un agente central preparado para integrarse en la Comunidad Internacional asumiría valiosos incentivos para regular mejor las condiciones de los centros de detención a las reglas internacionales y optimizar sus antecedentes de derechos humanos. Los actores externos verdaderamente atraídos por la lucha contra la turbación que ha experimentado Libia en la última década, pueden valerse de un conjunto más vasto de herramientas frente a una contraparte de este molde, instrumentos que no pueden utilizar si tratan con milicias irregulares cuyo prototipo de negocio está en manos de la explotación de la migración. No obstante, una condición previa para ello es asegurar que Libia se toma en serio el respeto de los derechos humanos de los migrantes, en contraste con otros tiempos distantes, cuando por entonces los trabajadores migrantes padecían frecuentemente violaciones de los derechos humanos y discriminación. Aunque la mayoría de los inmigrantes africanos migran dentro del continente, una imponente proporción lo hace en dirección a Europa. Para contrastar dichos flujos, la Unión Europea (UE) ha ido trasladando su control de fronteras cada vez más al Sur, en concreto, hacia África. Pero existe un punto neurálgico que escapa a la inspección comunitaria: me refiero a los periplos migratorios que cruzan el Estado de Libia. Para franquear el Mediterráneo con rumbo a Europa existen pocos puntos donde realizarlo. Uno de ellos es Libia, si bien, sus litorales están más distantes del Viejo Continente que de Marruecos, Túnez o Argelia, y éstos no están inspeccionados por la política fronteriza de la Unión. Y es que, tras el declive de Muamar Gadafi (1942-2011), Libia se ha transformado en un Estado fallido. Sin una autoridad que administre el país y con un desierto espacioso que envuelve la mayor parte de su departamento, las verificaciones fronterizas para acceder o salir se han vuelto imaginarias, haciendo de este enclave el itinerario preferente de las mafias y grupos que se consagran al tráfico de personas con el propósito de transferirlas hasta Europa. Algo así, como un negocio en el Norte de África y una fuente de ingresos crucial en una nación desolada por la guerra. Sin obviar, la geopolítica que aglutina, porque ni mucho menos se trata de un estado pequeño ni sencillo de administrar, y en las hostilidades presentes entre regiones y tribus se ha podido advertir que los grupos que lo habitan poseen diversos intereses, desde las facciones que combaten por dominar el Estado hasta los tuareg o los tubus que reclaman su autonomía. En esta esfera singular de conflicto y sin atribuciones estatales competentes, las mafias de tráfico de personas se han combinado con el conflicto bélico. Los tuareg se han hecho con la primacía de las órbitas migratorias transaharianas y parte de los secuaces se disponen al secuestro, esclavización y venta de migrantes subsaharianos, haciendo de Libia un drama para los inmigrantes y, su la vez, la mejor alternativa para alcanzar el continente europeo. Con estas connotaciones preliminares, el trayecto del Mediterráneo Central con vía de salida en la República Tunecina y Libia y destino Italia, y la del Atlántico, con punto de escapatoria en las costas del Sur del Reino de Marruecos y el Sáhara y fin de recorrido en las Islas Canarias, como los dos puntos calientes de la migración irregular del momento.
La disyuntiva de los precios de los alimentos, como la sequía y la violencia puesta en escena tanto en el Sahel, el África Occidental y el Magreb, instan cada vez más a los individuos a pretender escabullirse sea como sea, del continente en busca de alcanzar el sueño europeo. Mientras tanto, las discrepancias habidas entre los estados miembros de la UE a la hora de afrontar la cuestión migratoria, o séase, un acuerdo inicial para reformar la política de asilo, continúan estando sobre la mesa, como quedó reflejado. El acuerdo que se demorará hasta que por fin entre en vigor, no será lo suficiente como para impedir los muchos fallecimientos que se producen en las aguas, en tanto no se proceda en el origen del problema. Sin lugar a dudas, el punto más vehemente del momento es la ruta migratoria del Mediterráneo Central, donde cientos por miles de personas venidas de diversas zonas del Magreb, el Sahel y Oriente Medio, intentan cada día de lanzarse en barcas de distinta dimensión con el ideal de penetrar en las costas griegas e italianas desde superficie tunecina, libia o egipcia. A día de hoy, Costa de Marfil es la procedencia mayoritaria de quienes prefieren emprender esta andanza mortífera. El lance más aciago de los últimos meses se originó el pasado 13/VI/2023, cuando centenares de personas perecieron al zozobrar en aguas internacionales del Mar Jónico, en una embarcación pesquera que había partido de las costas de Egipto con dirección a Italia. Del desastre acontecido, las autoridades griegas pudieron rescatar con vida a algo más de un centenar de individuos y recuperaron los cuerpos de setenta y ocho migrantes más, pero el rastro de los integrantes en el buque siniestrado, algo más de 750 personas según los cuentas de algunas ONG, han desaparecido para siempre. Aunque no se conocen con certeza las nacionalidades de los desaparecidos, sí se supo de primerísima mano la de los rescatados. Es decir, palestinos, egipcios, sirios y pakistaníes. Lo que demuestra que se confirman varias rutas migratorias activas con origen en Oriente Medio. Otro dato a tener en cuenta: las autoridades pakistaníes valoran que navegaban en el pesquero naufragado más de 200 nacionales. Coincidiendo con el desastre a unos 75 kilómetros de las costas del Peloponeso o Morea, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) clarificaba cantidades categóricas: en el año 2022, más de 2.400 individuos murieron o se esfumaron en las profundidades de las aguas del Mediterráneo, lo que imprimió un aumento del 16,7% con respecto a 2021. En lo que ha transcurrido de año la organización de la ONU ha contabilizado unos 1.800 muertos y más de 103.500 intentos de atravesar el Mediterráneo. Hay que tener en cuenta, que las descriptivas no recogen apreciaciones sobre quienes pierden la vida en los dramas en que acaban convirtiéndose su tránsito desde los distintos puntos africanos de origen hacia el Norte del continente. En tanto, el camino del Mediterráneo Central se mantiene por encima en los últimos meses, el Occidental acumula la predisposición contraria gracias a la cooperación fronteriza entre España y Marruecos, que mismamente es el apoyo con Europa. Tras más de un año de apremio marroquí al Ejecutivo español en distintas avanzadillas, incluyéndose el migratorio que alcanzó su apogeo con la entrada masiva en Melilla de más de 10.000 jóvenes en 48 horas como resultado del retraimiento de las fuerzas de seguridad marroquíes, la administración socialista optó por invertir el escenario defendiendo la proposición de autonomía avanzada de Rabat para el Sáhara Occidental. Si bien, todo permutó de raíz a partir del 18/III/2022, fecha en que repercutió la carta del jefe del Gobierno al rey de Marruecos. Pero si el Mediterráneo Occidental y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, con la salvedad que los límites fronterizos se hallan prácticamente protegidos, últimamente se expandía cómo Rabat edifica una tercera valla entre Nador y Melilla, prácticamente donde se originó el intento masivo el año pasado, la contribución de Rabat parece estar facilitando los resultados esperados para el Gobierno de España, el contexto no es tan eficiente en aguas del Océano Atlántico. Aunque con un menor foco en los medios de comunicación, el itinerario migratorio que con inicio en las costas del Sur de Marruecos y el Sáhara, en paradójicas ocasiones en Senegal, tiene como destino el archipiélago canario experimenta variaciones. Los subsaharianos alcanzan los litorales atlánticos por medio de Mauritania atravesando el Sáhara Occidental o desde Argelia. Proceden, como apuntan diversos medios de estados como Burkina Faso, Senegal, Costa de Marfil, Mali, Camerún o Sudán. En atención al último Informe quincenal del Ministerio del Interior español, de enero a mitad de junio vinieron irregularmente a Canarias 5.914 migrantes. Tan sólo en las quince primeras jornadas de junio, alcanzaron territorio insular un total de 1.508 migrantes, lo que refiere una media habitual de un centenar en lugar de los 39 que lo hacían hasta el mes anterior. Además, del 15 al 31 de mayo lo hicieron 911 individuos. Y de acuerdo a los antecedentes de la ONG ‘Caminando Fronteras’, un total de 2.390 personas murieron en 2022 en la ruta hacia suelo español. Entre tanto, en Bruselas la materia migratoria rotula desde el comienzo de la presidencia española en el Consejo de la Unión, desea encontrar soluciones a contrarreloj. En septiembre de 2020 la Comisión Europea había expuesto un Pacto sobre Migración y Asilo, un paquete de reformas que aguarda llevar a cabo en 2024 y pronostica una protección ineludible pero flexible entre los estados en la atención de los peticionarios de asilo. El 8/VII/2023 los ministros del Interior llegaron a un principio de acuerdo para modificar las medidas de asilo, que determina que los migrantes venidos a suelo europeo han de pedir asilo en el primer país que alcancen, aunque los Estados miembros pueden inclinar la balanza por no reubicarlos si sufragan 20.000 euros por individuo a un fondo comunitario. Toda vez, que Polonia y Hungría que objetan el acuerdo, se desmarcaban de los resultados del debate migratorio en la cumbre de jefes de Estado y Gobierno. Y al hilo de lo anterior, las ONG, s hace tiempo que culpan a las autoridades europeas como meros responsables de la continuidad de las desdichas en aguas mediterráneas y atlánticas, e indican de modo preciso la pasividad de la agencia comunitaria de fronteras, FRONTEX, a la hora de materializar los rescates. Al margen de la reforma del sistema de asilo, los representantes comunitarios se afanan por una escapatoria que allanen los muchos impedimentos, que transita por apuntalar financieramente a los dos socios predilectos de la UE en el Norte de África. Cuales son, Marruecos y Túnez. Ambos países han dejado claro que no están por la labor de actuar incesantemente ocupando el molesto protagonismo de ‘gendarmes de Europa’. Tanto Marruecos como Túnez procurarán extraer lo mejor económica y políticamente de su entorno estratégico. Para Rabat el sostén de los principales actores europeos a su soberanía sobre el Sáhara Occidental es la primera de las preferencias, y las autoridades marroquíes están al corriente que la UE precisa cuanto antes alcanzar un acuerdo pesquero que atañe, sobre todo, a los barcos españoles. Por su parte, Túnez, que vive un intervalo financiero bastante complejo, confía en que el Fondo Monetario Internacional (FMI) acabe otorgándole un paquete de rescate estimado en poco más o menos, 2.000 millones de dólares para comenzar a aplacar la precaria posición. A decir verdad, la migración siempre se las compone para volver a establecerse en un lugar definido en la agenda política europea. Esto ocurre no sólo dentro de la UE, sino igualmente en lo que toca a los nexos con terceros países que ocupan un papel importante a la hora de impedir que los flujos migratorios mixtos irregulares alcancen suelo comunitario. La atención renovada sobre la migración se ha visto fuertemente inducida por el incremento de las llegadas por medio de la ruta del Mediterráneo Central y en correlación con los hechos sucedidos en la frontera hispano-marroquí de Ceuta en mayo de 2021. Al mismo tiempo se dio el caso y con anterioridad a que se desbocara la crisis epidemiológica, cuando las rigideces en la frontera greco-turca repusieron de momento la migración al centro del memorándum de la UE y de las relaciones de Europa con Turquía. El crecimiento de las llegadas irregulares suele ir acompañado de manifestaciones de los dirigentes europeos sobre el menester de vigorizar la contribución con terceros países en materia de gestión de la migración. Cuando estos advenimientos parecen estar organizados o sostenidos por estos terceros países, como aconteció en la frontera greco-turca en 2020, la UE refresca a sus socios la responsabilidad a la hora de inspeccionar sus límites fronterizos, recalcando que no permitirá la explotación de la migración. Estos incidentes desenmascaran los principales dilemas que subyacen a la gobernanza de la migración por parte de la UE, particularmente, su extensión exterior. Primero, la UE acude cada vez más a socios externos para aplacar la migración irregular, que continúa estando como la aspiración clave que tutela su política migratoria. Esto involucra mayor dependencia de los socios. A pesar de los impulsos comprendidos con el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo para desenmarañar la presilla entre la solidaridad interna, el repartimiento de responsabilidades y la cooperación externa, el acuerdo entre los Estados miembros continúa limitándose a la última dimensión, mientras que las dos primeras luchan por prosperar. Segundo, el nivel en que la UE puede depositar con eficiencia las responsabilidades de gestión de la migración en terceros países, estriba en gran medida del tono institucional y del ambiente político y de seguridad del estado asociado. En un pasaje de desgaste de la autoridad estatal y de desintegración de la gobernanza, como es el caso preciso de la Libia posterior a Gadafi, la capacidad de los estados socios para desempeñar con presteza los requerimientos de la UE en materia de control migratorio es perceptiblemente exclusivo. Conjuntamente, reiterar dicho objetivo en tales condiciones encierra una fricción potencial entre la indagación de propósitos migratorios a corto plazo y los objetivos de política exterior a más largo plazo, equidistantes en el desenlace de los conflictos, la estabilización y la paz. Y tercero, la paulatina trascendencia de los socios externos en la gobernanza de la migración de la UE redunda irreparablemente en las interdependencias entre ambas partes, concediendo a los socios de una proyección que se monopoliza cada vez más para conseguir beneficios de la UE. De esta manera, varios estados que proceden como centros capitales en las rutas migratorias que llegan a Europa, llámense, Níger, Túnez, Turquía, Marruecos y Libia, han visto crecer progresivamente su encargo e influencia de modo demostrativo en las últimas etapas. Los graves incidentes y llamémosle contratiempos habidos en Ceuta por el cruce masivo de personas (17/V/2021), fue el agua que colmó el vaso de cómo la cooperación en materia de migración puede explotarse fácilmente como torniquete geopolítico de cara a Europa o a determinados estados miembros. Ahora que Libia se ha lanzado a un delicado sendero hacia la reconciliación bajo el liderazgo transitorio del Gobierno de Unidad Nacional, de forma que la migración se conformará dentro de la visión más amplia de la UE para la cimentación de la paz y la plasmación de capacidades, sugiere algunas interrogantes con respecto a los puntos anteriores.
“Los graves incidentes y llamémosle contratiempos habidos en Ceuta por el cruce masivo de personas, fue el agua que colmó el vaso de cómo la cooperación en materia de migración puede explotarse fácilmente como torniquete geopolítico de cara a Europa o a determinados estados miembros”
Se ha vuelto a hacer mención a la disyuntiva de la cooperación en materia de migración con Libia después del incremento de cruces en el Mediterráneo Central. Tras decrecer desde 2016 la cantidad de irrupciones irregulares a Italia comenzó a crecer nuevamente en 2020, cuando arribaron más de 34.000 migrantes. Lo que ha desempolvado las disputas internas sobre la migración y las apelaciones a la solidaridad europea mediante acuerdos de reubicación temporal que han recibido una réplica ambivalente. En relación al calibre exterior, el ex primer ministro Mario Draghi (1947-75 años), además de resaltar el compromiso de Italia de rescatar a los que estén jugándose la vida “en aguas territoriales italianas”, insistió en la tradicional dirección asentada en una mayor cooperación con Túnez y Libia en el control de las lindes, la pugna contra los traficantes de personas y el entendimiento de mayores cuotas de retorno. Draghi, igualmente hizo hincapié en la premura de reponer las condiciones de seguridad oportunas en Libia: la instauración de capacidades y la gestión de la migración parecen ir de la mano. Un recado comparable afloró cuando se dialogó de apuntalar la reconstrucción económica en Libia y se hizo una llamada a la cooperación migratoria. La significación de Libia para las políticas migratorias italianas y europeas no es novedosa. Recuérdese que en el tiempo de Gadafi, Libia era sobre todo el colofón para los trabajadores migrantes cautivados por una economía pujante que requería mano de obra barata. Con todo, a partir de las postrimerías de los noventa, Libia se erigió en un territorio de tránsito para la migración irregular con dirección a la UE, lo que llevó aparejado que el régimen alcanzara un papel perentorio en el control de la migración. De este modo, los migrantes fueron contemplados como un instrumento para presionar cada vez más a Europa. De hecho, Gadafi empleó esta estabilidad emergente, conviniendo ayudar a contener que los migrantes y los demandantes de asilo atravesaran el Mediterráneo a cambio de que la UE levantara las sanciones. Idéntico discurso se dedicó al Acuerdo de Amistad entre Italia y Libia que bordó la dirección de los acuerdos transaccionales entre países europeos y terceros estados que intervienen como resortes, en los que los primeros otorgan beneficios políticos y financieros a cambio de que los segundos intervengan la migración irregular. El pronunciamiento y sus efectos afines puso el punto y final a lo que podría precisarse como el modelo Gadafi. Sin embargo, el modus operandi de aplicar la migración frente a una UE cada vez más remisa a los migrantes no llegó a su fin. En una situación de degradación de la autoridad del Estado, las milicias y los grupos irregulares libios igualmente se valieron de la evasiva de la migración, mientras la UE se hallaba sin interlocutores con los que poder extraer alguna conversación sobre migración y controles fronterizos. El entresijo de los migrantes y refugiados se volvió todavía más quebradizo. Libia en ningún tiempo refrendó la Convención de Refugiados de 1951: los desprovistos de protección no pueden reclamar asilo ni obtener un estatus legal y pueden ser recluidos en cualquier instante. La detención, entre otras muchas causas, ha sido un asunto fundamentalmente peliagudo, porque las milicias suelen encargarse de sus propias prisiones. Los individuos perduran en estas infraestructuras durante espacios de tiempo indefinidos, al margen de cualquier marco legal congruente en medio de la indisposición del sistema legislativo en Libia. Esto denota que las milicias y los grupos irregulares siguen estando a sus anchas en lo que atañe a la supervivencia de los sujetos bajo su vigilancia, incluidos los migrantes y refugiados. Finalmente, un proceso efectivo de creación de capacidades puede adquirir diversos beneficios a largo plazo. La evolución de centralización del poder y de fortalecimiento de la infraestructura institucional podría equipar a la UE de participantes con los que colaborar de manera más previsible. Un agente central preparado para integrarse en la Comunidad Internacional asumiría valiosos incentivos para regular mejor las condiciones de los centros de detención a las reglas internacionales y optimizar sus antecedentes de derechos humanos. Los actores externos verdaderamente atraídos por la lucha contra la turbación que ha experimentado Libia en la última década, pueden valerse de un conjunto más vasto de herramientas frente a una contraparte de este molde, instrumentos que no pueden utilizar si tratan con milicias irregulares cuyo prototipo de negocio está en manos de la explotación de la migración. No obstante, una condición previa para ello es asegurar que Libia se toma en serio el respeto de los derechos humanos de los migrantes, en contraste con otros tiempos distantes, cuando por entonces los trabajadores migrantes padecían frecuentemente violaciones de los derechos humanos y discriminación. Consecuentemente, mientras las administraciones europeas no son capaces de encontrar recursos parciales y bordar las líneas maestras de otras recetas que puedan ayudar a largo plazo, parece claro que, a pesar de los guarismos de desdichas que se producen tanto en aguas mediterráneas como atlánticas, los jóvenes africanos continuarán en su empecinamiento de arriesgarlo todo, con tal de ver realizado el anhelo de alcanzar tierra europea.