El convenio MEFP-Ciudad, “en riesgo” si se recorta el programa de libros de texto

La declaración como indisponibles de los 1,2 millones de euros con los que el Gobierno de Ceuta iba a financiar este año su programa de gratuidad de libros de texto mientras el Gobierno central no pague los 7,2 millones de euros de los convenios de desalación de agua y hecho fronterizo podría acabar afectando también al que la Administración autonómica mantiene con el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) desde hace casi veinte años.

La intención del Ejecutivo que preside Juan Vivas pasa por minimizar el número de perjudicados por la desaparición del presupuesto necesario para repartir cheques-libro a todo el alumnado de los colegios y parte del de Secundaria, disponiendo de al menos 400.000 euros para los estudiantes de primero y segundo de Primaria.

El director provincial del MEFP, Javier Martínez, entiende sin embargo que la Ciudad no puede modificar unilateralmente la obligación que se prescribe en el convenio de acometer "el desarrollo de un programa de gratuidad de libros para la adquisición y/o reposición de libros de texto y material didáctico, en colaboración con la Ciudad Autónoma de Ceuta, en los centros de educación Infantil, Primaria y Secundaria sostenidos con fondos públicos de la Ciudad de Ceuta".

Casi 90 trabajadores

“Si el Gobierno de la Ciudad decide suprimir ese apartado o reducir su presupuesto”, argumentó ayer el directo provincial, “el Ministerio entenderá que se está de hecho denunciando el Convenio, por lo que habrá que analizar si se renueva y en qué condiciones, poniendo por tanto en riesgo a los cerca de 90 técnicos de integración social, mediadores, trabajadores sociales y maestros de biblioteca e informática cuyos empleos sostiene”.

Actualmente, según Martínez, la Ciudad aporta casi 3 millones al Convenio con el MEFP para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo centrados en acciones de compensación educativa y de formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas. La Administración estatal, por su parte, que ha ido reduciendo paulatinamente su contribución al sostenimiento del mismo, pone “aproximadamente un millón” incluidas todas sus adendas.

Entre la causas de resolución del convenio, concebido para “asegurar los recursos necesarios para la adopción de medidas dirigidas a que los alumnos en situación de desventaja social y que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria”, está “el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes”.