Llueve sobre mojado. Ni aunque el mismísimo magistrado Manuel Marchena advirtiera en 2018 sobre las deficiencias tecnológicas que afectan al
sistema judicial, en una clara oda a esa dejadez que parece no tener enmienda, nada cambia en Ceuta. Ayer mismo el presidente de la Sección VI de la
Audiencia Provincial de Cádiz en nuestra ciudad, Fernando Tesón, tuvo que dejar claro que el tribunal no podía garantizar la calidad de la grabación de la
vista judicial por torturas que se estaba celebrando si no había un responsable para comprobar que la grabación se estaba llevando a cabo correctamente, es decir, con una calidad para poder escucharla de forma clara.
No lo decía de forma gratuita. Ya son varias las ocasiones en las que las
grabaciones de vistas judiciales no han tenido la calidad suficiente a riesgo de provocar un perjuicio irreparable. La grabación debe ser perfecta y para ello tiene que ser supervisada por un responsable que compruebe desde fuera que todo se desarrolla de forma adecuada.
En 2018, Marchena dejó negro sobre blanco esa dura crítica al dictar una resolución en torno al crimen de ‘Tafa Sodia’ y el homicidio intentado de su viuda, tras haber sido recurrida la sentencia que dictó el máximo órgano judicial en nuestra ciudad. Y por aquel entonces habló de lo que sigue estando presente al constatar la mala calidad de una grabación de un testigo protegido: “Sea como fuere, lo cierto es que ni quien tiene que asegurar que los medios técnicos funcionan adecuadamente, ni quien tiene que certificar que esos archivos digitales recogen lo verdaderamente acaecido en el plenario, han cumplido diligentemente su cometido”..., decía Marchena.
El riesgo de esa nula comprobación tiene este tipo de traducciones que van más allá de un tirón de orejas desde las altas esferas, ya que puede provocar nulidades o tener que repetirse testimonios perdiendo la espontaneidad clave en cualquier declaración. Años después de incurrirse en graves deficiencias, poco o nada cambia.