Contra el embargo decretado por la Unión Europea sobre Costa de Marfil

Cáritas Española, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y Manos Unidas expresamos nuestra grave preocupación ante la situación que se vive actualmente en Costa de Marfil, sumida desde hace semanas en un denso clima de violencia que ha degenerado finalmente en guerra civil. Todos los esfuerzos diplomáticos desarrollados por la comunidad internacional y las medidas de castigo al régimen del presidente saliente Laurent Gbagbo no han logrado el objetivo de favorecer el acceso democrático a la Presidencia del país de Alassane Ouattara, vencedor legítimo de los comicios celebrados el pasado mes de noviembre.
La consolidación de este conflicto fratricida, cuya duración no se puede prever, aboca a toda la población de este país africano a un largo período de temor e incertidumbre. Consecuencia directas de esta situación son el número creciente de desplazados internos, que se acercan ya al millón de personas, y el aumento de refugiados que huyen hacía los países vecinos y cuya cifra podría superar ya los 150.000. Mientras, el número de muertos y heridos por los enfrentamientos sigue creciendo día tras día.
A este panorama de violencia se añade la situación de bancarrota en la que se encuentra la economía de Costa de Marfil, con unas consecuencias directas sobre la vida diaria de la población local y la estabilidad de los países limítrofes: al aumento imparable de los precios de los alimentos de primera necesidad se añade la escasez de muchos productos y la falta de liquidez provocada por el colapso del sistema financiero.
Pero el factor que está teniendo consecuencias más funestas el país es, sin duda, el embargo que la Unión Europea viene aplicando a Costa de Marfil, tras la entrad en vigor, el pasado 28 de febrero, del Reglamento publicado en el Diario Oficial de la UE el 14 de enero de 2011 por el que “se imponen algunas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades, habida cuenta de la situación en Costa de Marfil”. Sin embargo, estamos ante unas “medidas restrictivas” que, en la práctica, no sólo afectan a “determinadas personas y entidades”, sino que están causando un sufrimiento inhumano al conjunto de los 20 millones de habitantes del país.
El estricto bloqueo naval impuesto al país a raíz del embargo está impidiendo, entre otras cosas, la importación de medicamentos y de alimentos de primera necesidad, indispensables para sostener las intervenciones humanitarias de emergencia que diversas organizaciones, como las nuestras, están llevando a cabo en las zonas más golpeadas por el conflicto.
A día de hoy, los hospitales y centros de salud del país han tenido que reducir su capacidad de atención a los enfermos, debido a la falta de suministros médicos, donde la disponibilidad y acceso a los medicamentos se ha visto reducida a un 30%. Asimismo, la distribución de alimentos de primera necesidad para los damnificados corre el riesgo de estancarse, con consecuencias dramáticas, a causa de la falta de productos que tendrían que estar llegando a Costa de Marfil por vía marítima.
Por todo ello, reclamamos a las autoridades de la Unión Europea y a cada uno de los Gobiernos de los Estado miembros el cese inmediato del embargo, por razones estrictamente humanitarias. En las actuales circunstancias, no existe justificación alguna por parte de la comunidad internacional para mantener, en aras de supuestas razones de seguridad y de presión sobre las partes en conflicto, un bloqueo marítimo sobre un país que está condenando a unas condiciones atroces de precariedad alimentaria y sanitaria a la mayoría de la población.
Dirigimos también esta petición a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a quienes hacemos partícipes del reciente llamamiento lanzado por el arzobispo de Abidján, monseñor Jean Pierre Kutwa, a la Unión Europea para que, “en nombre del derecho a la salud”, se levante el embargo sobre los medicamentos.