Consumir drogas dentro un coche estacionado no se puede sancionar

Al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le deben pitar los oídos ante las cuantiosas críticas de sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil debido a la instrucción dada sobre la no sanción a quien esté consumiendo drogas en vehículos estacionados.

AUGC denuncia que se crea un vacío legal, ya que impide a los agentes actuar ante casos de tráfico de drogas, favoreciendo además la impunidad y debilitando la seguridad ciudadana.

Sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil han arremetido contra esa instrucción dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad al entender que "normaliza el consumo de drogas" en vehículos particulares estacionados, lo que "debilita la acción policial" y puede conllevar más siniestralidad en carreteras.

“Puede tener consecuencias graves”

Las organizaciones han reaccionado con duras críticas a la instrucción 7/2025 que deja sin sancionar con la ley de seguridad ciudadana, la conocida como 'ley mordaza', el consumo o tenencia de drogas dentro de vehículos particulares estacionados, aludiendo Interior a lo fijado en sentencias del Tribunal Supremo y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

"Puede tener consecuencias graves y contraproducentes para la seguridad ciudadana, la salud pública y la autoridad de los cuerpos policiales, transmite una preocupante sensación de permisividad que, lejos de resolver un problema, puede amplificarlo", ha advertido Jupol en un comunicado.

Para Jupol, la "permisividad" también acarreará un aumento de los accidentes de tráfico, "con consecuencias letales para conductores, peatones y otros usuarios de la vía", así como un impacto negativo en la percepción de seguridad al "crear entornos urbanos degradados que favorecen la criminalidad y disuaden la convivencia pacífica".

“Preocupante” vacío legal

La AUGC tilda la medida de “preocupante”, generadora de un vacío legal. “Esta instrucción convierte a los vehículos particulares estacionados en espacios de impunidad donde los infractores pueden consumir o portar drogas sin que los guardias civiles puedan actuar, siempre que no se trate de transporte colectivo ni exista tránsito”.

“Una vez más, se legisla desde el despacho ignorando la realidad diaria de los agentes y el sentido común. Esta decisión beneficia claramente a quienes viven al margen de la ley, resta eficacia al trabajo policial y transmite a la ciudadanía una imagen de permisividad intolerable”, critican.

“Después de fumarte dos porros te puedes marchar tranquilamente”

El SUP ha avisado de la "enorme irresponsabilidad" del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y ha puesto el acento en que "puede derivar en tragedias en carretera" al abrir la posibilidad a "consumir sustancias estupefacientes dentro de un vehículo estacionado y, acto seguido, reanudar la marcha bajo sus efectos".

Este sindicato ha aludido a lo que transmiten decenas de compañeros desde todo el país: "Después de fumarte dos porros y meterte cuatro rayas, te puedes marchar a casa tranquilamente. Y si por el camino matas a alguien, que les pidan explicaciones a Interior".

"Deja en papel mojado todos los esfuerzos de concienciación y prevención impulsados por la DGT y por los propios agentes de tráfico y seguridad ciudadana", añaden desde el SUP en otro comunicado.

“Cualquier conductor se puede drogar”

El sindicato CEP ha puesto el foco en que durante los diez años que lleva en vigor la Ley orgánica 4/2015 de seguridad ciudadana, aprobada por el PP y en vigor pese a que el Gobierno se comprometió a reformarla desde 2018, "jamás se ha puesto una sola pega" por los responsables ministeriales a los artículos de la norma que prevén sanciones administrativas por el consumo de drogas en la calle.

"Abren la puerta a que las calles de nuestro país puedan ser lugares en los que cualquier conductor se drogue, a plena luz del día y en presencia de ciudadanos e incluso menores de edad, sin que ello provoque consecuencia alguna", apuntan, criticando la "hiperactividad para la interpretación restrictiva de lo que los socios parlamentarios del actual Gobierno conocen como 'ley mordaza'".