Colaboraciones

La Constitución y el castellano en Cataluña

La Constitución es la norma suprema del Estado. Ocupa la cúspide de la pirámide normativa, el vértice de la jerarquía de las normas jurídicas. Cualquier otra norma nacional le queda por debajo subordinada. Si no, se vulneraría el principio de jerarquía de las normas, máxime cuando nuestra Constitución es de aplicación directa e inmediata, teniendo fuerza de obligar “erga omnes” (frente a todos). Luego, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo tienen elaborada abundante doctrina y reiterada jurisprudencia, sólidamente asentadas, que garantizan los derechos fundamentales que la Constitución reconoce.
En general, las Autonomías acatan la Constitución, las leyes estatales y las sentencias de los Tribunales en sus propios términos. Sólo los independentistas catalanes y vascos las rechazan, rompiendo así el marco legal y el consenso constitucional. Sobre todo los soberanistas catalanes (no el honrado y trabajador pueblo catalán), se ríen a carcajadas del ordenamiento jurídico español, de las instituciones nacionales, de toda España y hasta se ríen de ellos mismos, porque, quieran o no, también son españoles. La Constitución fue aprobada en Cataluña con 4.398.173 “síes”, el 91,25 % de votantes, cuando la media nacional fue del 87,87 %.
El Tribunal Constitucional tiene reiteradamente declarado que un referéndum no autorizado, para que Cataluña se independice de España, es inconstitucional y nulo de pleno derecho. Igualmente, el Derecho Internacional prohíbe terminantemente que una región se separare del Estado del que forma parte. Pero a los separatistas eso no les vale. En el propio juicio del “procés” alegaron que ellos sólo obedecen el “mandato” que “dicen” haber recibido del pueblo catalán para independizar Cataluña. Y eso es una aberración jurídica propia de analfabetos jurídicos, que exige fundada réplica jurídica.
Todo mandato político, administrativo, incluso judicial, para ser conforme a derecho, ha de sujetarse a la Constitución. Los catalanes que, según Torra, son superiores a los españoles, entienden que su “mandato” les fue conferido por el referéndum independentista “ilegal” que celebraron en 2017. Aquel referéndum, ni siquiera llegó a serlo, porque fue suspendido y anulado por el Tribunal Constitucional. Lo que si fue, objeto de mofa mundial. Votaron en urnas chinas de cartón traídas de contrabando, lo “amañaron” ellos clandestinamente, no pudieron votar ni la oposición, ni catalanes y residentes que también se consideran españoles porque era ilegal; no hubo apoderados, ni interventores, ni ningún control; ellos mismos se contaron sus votos a su medida, hurtaron el censo electoral oficial, diciéndonos luego que de 5.313.564 inscritos votaron 2.266.217 (sólo el 43 %).
Tampoco las elecciones autonómicas de diciembre de 2017 pudieron conferirle tal “mandato”, por ser sólo “autonómicas”, aunque ellos las presentaran como un plebiscito. Y los partidos independentistas sólo obtuvieron el 47,49 %. Con esa minoría social, se arrogan la representación - que no tienen - de toda Cataluña. Pero son tan irresponsables, obcecados y tercos, que promulgaron sus leyes ilegales de “desconexión”; votaron teniéndolo prohibido, tomando las calles y los colegios poniendo a niños y ancianos de escudos humanos para obstaculizar a las Fuerzas de Seguridad, y declararon la independencia. El Tribunal Constitucional suspendió y declaró todo nulo.
Hasta Mas y Junqueras confesaron tras el juicio, que: “Para independizarse, Cataluña necesita más legitimidad”, habiendo sido él quien armó todo el “lío” del “procés”, junto con Junqueras y el fugado Puigdemont. Pero son inasequibles al desaliento; siguen amenazando con: “lo volveremos hacer”. Provocan, retan y desafían permanentemente al Estado, además, haciéndolo con inquina, resentimiento y muy malas artes.
Han reunido sus llamadas “embajadas”, anunciado un “manual del Govern” para “hablar mal de España en todo el mundo”, porque es su única forma de tratar de justificar sus injustificables desmanes, engañando al mundo. Y quieren que en las fiestas nacionales de la Hispanidad y la Constitución vayan a trabajar 200.000 funcionarios, pese a ser inhábiles. En 2016 ya lo hizo igual el alcalde de Badalona; acudieron a trabajar seis concejales el 12 de octubre, que fueron procesados por un juez por desobediencia. El caso es provocar y armar gresca con la España que inventan les “roba”, porque de eso viven, siendo azuzados por Torra, ese personaje que les ordena que “aprieten más” y llama a los españoles “bestias carroñeras, hienas y víboras”, con el ADN estremecido, estando él inscrito en un Registrado Civil español, a menos que sea apátrida
Quieren independizarse “sí o sí”, engañando a los catalanes, porque ni jurídicamente, ni históricamente hay razón objetiva alguna por la que Cataluña tenga que independizarse. Aparte de lo perjudicial que sería, aunque “venden” al mundo que serían felicísimos. Perderían 450 millones de consumidores europeos, quedarían fuera de la Unión Europea, y pagarían impuestos como un país tercero. Eso, lo ocultan deliberadamente al pueblo. Como ocultan que rechazan la única vía legal para independizarse: votando en un referéndum nacional, conjuntamente con los demás españoles, proponiendo cambiar la Constitución y que las regiones puedan independizarse. Pero a eso ellos le hacen asco, sabiendo que perderían.
Son falsos “demócratas”. Quieren votar sólo ellos y si es para ganar “sí o sí”, rechazando que votemos los demás españoles afectados por el mismo problema, porque la soberanía española reside en todo el pueblo español. Dicen ser también “pacíficos”. ¿Hay algo más antidemocrático y menos pacífico que desobedecer la Constitución, las leyes y las sentencias para romper el Estado al que pertenecen, traicionándolo?. Se declaran víctimas propiciatorias de la malvada España y del ominoso Estado que les oprime; cuando los verdaderos opresores son ellos, fanáticos y radicales que excluyen a todos los que no piensen y hablen como ellos.
Porque vayamos ahora al idioma. Como en todo lo demás, son supremacistas y sectarios que hacen la vida imposible a padres de escolares castellanohablantes y martirizan a los pobres niños sometiéndoles a la terrible presión psicológica de no poder aprender en su lengua materna de origen, a pesar de que la Constitución dispone: Artículo 3: ”1. El castellano es la ‘lengua española oficial del Estado’. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”.
Los artículos 32 a 35 del Estatuto Catalán, disponen, básicamente: Todas las personas tienen derecho a no ser discriminadas por razones lingüísticas, a ser atendidas oralmente y por escrito en la lengua oficial que elijan en su condición de usuarias o consumidoras de bienes, productos y servicios, Los ciudadanos tienen el derecho de opción lingüística, a utilizar la lengua oficial que “elijan”, a recibir toda la documentación oficial emitida en Cataluña en la lengua solicitada, “sin que puedan sufrir indefensión ni dilaciones indebidas por la lengua utilizada, ni se les pueda exigir ningún tipo de traducción”, a tener la enseñanza del castellano una presencia adecuada en los planes de estudios, a expresarse el profesorado y los alumnos, oralmente y por escrito en la lengua oficial que elijan”, y a que los actos jurídicos realizados en cualquiera de las dos lenguas oficiales tengan plena validez y eficacia.
Pero, para ellos, las normas españolas son “peccata minuta”. Se las toman a chirigota. Han impuesto su inventada “inmersión lingüística”, con la que discriminan y atropellan derechos fundamentales de los niños escolarizados y de los padres, amargando a las criaturitas sometiéndolas a enorme presión de ponerles toda clase de trabas y pegas para matricularse y aprender en su propia lengua oficial. Y, además, lo hacen con malquerencia y animadversión manifiestas.
Así, recientemente, una profesora zarandeó a una pobre niña que, con su pueril inocencia y bondadosa candidez, pretendió agradarla dibujando algo tan inofensivo como la bandera española, que debe ondear en todos los colegios públicos de España. Claro, la niña jamás podía esperar la dureza con que la maltrató quien creía que era para ella el espejo en el que quería mirarse y el modelo de enseñanza, educación y buenas virtudes, que dicha profesora resultó necesitar más aprender que la niña. Eso sólo es capaz de hacerlo gente desalmada, fanática y exaltada.
Por no rotular el nombre comercial en catalán o logotipo empresarial, a numerosos emprendedores les han impuesto severísimas sanciones. Separatistas radicales asaltaron centros de Mercadona forzándoles a marcar los productos sólo en catalán, aunque la Constitución y el artículo 34 del Estatuto les autoriza a hacerlo en castellano. Claro, luego, el Informe “PISA” de la OCDE recoge: “En Cataluña los alumnos castellanoparlantes obtienen peores resultados, rinden menos, asimilan peor, repiten más cursos, se sienten menos integrados y su tasa de fracaso escolar es doble”. ¿Se les puede hacer más daño?.
Han “espiado” a 750 niños en los recreos de 50 centros de los 35 municipios más poblados de Cataluña, infiltrándose activistas de la ONG “Plataforma per la Llengua”. Según la prensa, en dicha entidad figura Rut Carandell, cuñada de Torra, a cuya ONG la Generalidad “regó” con 4,2 millones de euros. El Consejero de Educación, Bargalló pretextó que sólo se “observó de incógnito a los niños”. ¿Qué diferencia hay con espiarlos, “señalando” a quienes hablan en castellano?. La “Asamblea Bilingüe” denunció ante el Defensor del Pueblo y Ministerio de Educación hasta 500 casos de adoctrinamientos a alumnos en las pruebas de Acceso a la Universidad, utilizando cuadrantes en los que debían destacar como “incidencia” a quienes hablan en castellano.
Eso es propio de regímenes dictatoriales de países golpistas y subdesarrollados. Y lo hacen, precisamente, quienes quieren convencer al mundo con propaganda falaz que son “pacíficos” y víctimas perseguidas, incapaces de causar mal alguno, pese a tratar tan inhumanamente a niños inocentes. El informe “espías” indicaba que el 35 % de alumnos de Primaria hablan en catalán; pero en Secundaria sólo el 14 %. El presidente de la entidad, Óscar Escuder, reaccionó contrariado, reprochándoles: “El estado de la lengua requiere que nos activemos desde todos los frentes posibles. El catalán sólo está presente en el 24,3 % de las conversaciones. Eso preocupa a la Generalidad porque afecta al propio idioma y a la cohesión social”; acusándoles de “relajamiento” en la conciencia lingüística. Les ha impuesto utilizar como lema: “Per un país de tots l’escola en catalá”, para imponer plenamente el catalán y hacer desaparecer el castellano.
Los secesionistas pretenden borrar todo lo que sea español. A la vez, santifican, glorifican y exaltan, con arrogancia y altivez, todo lo que sea separatismo radical. ¿Dónde se ha visto que se impida a unos niños su derecho fundamental a aprender la lengua oficial de su propio Estado?. Luego los secesionistas engañan al mundo quejándose de ser gente oprimida y “buena”, mientras los constitucionalistas son los opresores. Todo su afán es imponer el catalán y perseguir el castellano. Y la lengua sirve para unir, pero nunca para dividir ni separar. Ignoran que el diccionario español tiene 464 años de existencia, mientras el diccionario catalán de Pompeu Fabra sólo tiene 77.
Hasta 577 millones de personas en 107 países hablan en castellano. Sólo 10 millones hablan catalán, y eso incluyendo Valencia, Baleares y Andorra; porque en Cataluña el año 2018 sólo lo entendían: 5.837.874; lo hablaban: 4.602.611, y como lengua habitual lo utilizaban: 2.742.600. El castellano se habla en Cataluña por el 50,7 %; el catalán sólo el 36,2 %. En castellano nos entendemos con medio mundo. Ellos en catalán sólo pueden entenderse en el minúsculo trocito que Cataluña ocupa en España.
Ellos saben que el catalán está en claro retroceso, mientras el castellano avanza de forma imparable con mucho futuro. Eso les carcome y les deprime a los independentistas; aunque para reconfortarse de ese complejo promocionan el chino, árabe, hindú y urdú, mientras persiguen y coartan el que también es su propio idioma oficial español, con tal de fastidiar a España. Tienen tan cortas miras que están ciegos, pareciendo no ver más allá de sus narices, porque con tan aviesas intenciones limitan las posibilidades de Cataluña y los catalanes, aislándoles del mundo globalizado. Sólo con el catalán, ¿con quién van hablar apenas salgan de Cataluña.
Manuel Azaña, presidente de la II República, llamó a eso: “provincianismo fatuo, codicia, ignorancia, frivolidad de la mente, deslealtad, cobarde altanería delante del Estado, inconsciencia y traición”.

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