Antonio López ya tiene nuevo abogado. Se trata, como ya publicamos el pasado domingo del letrado sevillano, especialista en Derecho Penal, José María Calero, con un gran número de casos importantes a sus espaldas. Quien hasta hace pocos días había sido la persona que había llevado los asuntos jurídicos de López, Juan Alinquer, había sido el encargado de asesorar al exgerente de Emvicesa desde que acudió por primera vez a los tribunales, tras la denuncia presentada por la entonces consejera Susana Román, en el mes de junio de 2015. Le acompañó en esas declaraciones, al igual que tras ser detenido.
Calero ha manifestado a esta redacción que “confío en que pronto Antonio esté en la calle”. Desde la capital hispalense habló unos minutos con este periódico sobre la situación procesal del a partir ahora su defendido. Preguntado sobre cuando iba a venir a nuestra ciudad, sentenció que lo haría cuando su defendido estuviera en la calle, confiando en que sería pronto. Y todo ello, como consecuencia de que se ha presentado una nueva petición en el Juzgado que entiende del ‘caso Emvicesa’ para que por parte de la magistrada Raquel Lucini se decida su puesta en libertad, aunque como es lógico con determinadas medidas cautelares. Esta nueva petición tiene su base en el propio escrito de la jueza levantando el secreto del sumario.
Además, el anterior abogado de Antonio López mantenía que no era lógico que su defendido siguiera en prisión, puesto que no había ni riesgo de fuga, ni tampoco se podían destruir pruebas, no en vano, estamos hablando de un caso que arranca hace casi dos años.
En su momento ya se presentó la petición de libertad, que fue rechazada, al igual que los recursos presentadas ante la Audiencia Provincial e igualmente el recurso de apelación. Pero la defensa, en estos momentos, tiene asimismo una petición de nulidad contra las mencionadas decisiones.
Hay que recordar que José María Calero lleva más de diez años en la brecha con casos conocidos ante la opinión pública, como la defensa del que fuera presidente del Real Betis Balompié, Manuel Lopera; la defensa de los intereses de la familia de Marta del Castillo durante los primeros cuatro años del caso e igualmente también tiene representados de la gran redada contra la presunta corrupción existente en el Ayuntamiento de Estepona, denominado caso Astana, y donde aún no se ha terminado con la instrucción.
Cuando llevó la representación del expresidente del Betis, la jueza Alaya, que era quien llevaba el asunto y que posteriormente ha sido conocida como instructora del caso de los ERE (caso de corrupción sindical y en la Junta de Andalucía), llegó a enviar cinco escritos al Colegio de Abogados de Sevilla para que se le abriera un expediente a Calero al entender que le faltaba al respeto.
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