El procedimiento judicial seguido por el pase irregular de inmigrantes que terminó de forma trágica frente a una vivienda de Arcos Quebrados, en mayo de 2019, sigue su curso solo contra una de las detenidas por componentes de la UCRIF que llevaron a cabo la investigación. Se trata de la hija, mayor de edad, de la conductora que sigue en paradero desconocida. Fue arrestada en la barriada de La Reina y se enfrenta a delitos de omisión del deber de socorro y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por los que deberá ser juzgada. Su otra hermana, menor de edad, ya fue condenada a 5 meses de internamiento en Punta Blanca y otros siete de libertad vigilada. Ambas ocupaban el vehículo que, tras cruzar la frontera del Tarajal, chocó contra una casa sirviendo de coche patera para siete inmigrantes subsaharianos que estaban ocultos en dobles fondos. La madre y sus dos hijas escaparon antes de la llegada de las fuerzas de seguridad.
Una de las inmigrantes se llevó la peor parte al sufrir la amputación de una pierna, procediéndose a su evacuación a la Península en donde todavía permanece. Los demás subsaharianos marcharon en diciembre tras cursarse la autorización judicial, del Juzgado número 6, para evitar que estuvieran ‘atrapados’ en el CETI donde llegaron a estar más de año y medio.
El procedimiento se ha archivado respecto de la madre, la conductora y principal causante del siniestro. La Policía sospechó que había partido a Marruecos para escapar de la acción judicial y policial, ni siquiera la detención de sus dos hijas y la condena de la menor motivaron que se entregara para asumir su responsabilidad en tan trágico suceso.
El archivo es provisional hasta que se avance en la investigación y se pueda dar con ella, momento en el que tendrá que declarar como investigada. La rápida intervención de los Bomberos aquella noche evitó una tragedia mayor, ya que se consiguió liberar de los amasijos de hierro a todos los atrapados, quedando el vehículo tipo monovolumen totalmente destrozado. Se movilizaron todos los cuerpos de seguridad, haciéndose cargo del perimetraje de la zona y la evacuación de los heridos. Fue sin duda una de las tragedias migratorias más duras que espera su oportuno castigo judicial.
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