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Las condiciones laborales y salariales del próximo Plan de Empleo, en el aire

La Delegación aún no ha decidido si recurrir al Supremo la última sentencia del TSJA, pagar más o reducir jornada

Las resoluciones judiciales dictadas en primera y segunda instancia contra las remuneraciones establecidas por la Delegación del Gobierno en Ceuta para su Plan de Empleo mantienen en el aire las condiciones laborales y salariales en las que se incorporarán los beneficiarios de los programas del proyecto 2021-2022. La institución de la Plaza de los Reyes ha explicado, tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) respalda que los contratados deben cobrar conforme al Convenio de Personal Laboral, que “hay que coordinar lo que vamos a hacer con los ministerios afectados y con los servicios jurídicos del Estado”.
Traducido, la administración puede seguir litigando y llegar al Supremo, aplicar lo que le exigen los jueces y pagar más o, para cuadrar cuentas, reducir la jornada de 7 horas diarias y, por menos tiempo, abonar lo mismo que tenía contemplado. El veredicto del TSJA que ha dado la razón a CGT ha sido muy contundente: no encuentra “un fundamento racional” atendible a la decisión adoptada por la administración empleadora de “no aplicar al actor el régimen retributivo previsto en la norma pactada a la que se sujeta su personal y abonarle un salario inferior al que obtienen otros trabajadores que ocupan el mismo puesto y desempeñan similares funciones, medida que resulta desprovista de justificación objetiva y razonable y que vulnera por tanto el artículo 14 de la Constitución”.
Adicionalmente, la sentencia de la Sala expresa su discrepancia con el criterio de la resolución de instancia de no reconocer al actor una indemnización por los daños morales sufridos al no acreditarse los criterios para su cuantificación, pero concluye que “no es posible corregir de oficio esa decisión al no haber presentado el trabajador recurso de suplicación solicitando la compensación de esos daños, que tampoco reclaman en el escrito de impugnación del recurso”. La Delegación deberá pagar casi mil euros más, en el peor de los casos, a los contratados en el Plan 2019-2020 a la espera de lo que sucederá con el siguiente.

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