Condenan a tres guardias civiles por introducir droga desde Marruecos

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a ocho personas, tres de ellos guardias civiles, por formar parte de un grupo criminal que daba cobertura a diferentes organizaciones dedicadas al narcotráfico para introducir droga en la península desde Marruecos. A los tres agentes se les condena por conspiración para cometer delito contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y cohecho, según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE.

Uno de los guardias civiles ha sido condenado a la pena de dos años y tres meses de prisión y a los otros dos a tres años y tres meses de cárcel, además de quince años de inhabilitación para empleo o cargo público. Este grupo de guardias civiles formaban una red organizada y jerarquizada, que tenían como finalidad llevar a cabo la introducción de droga en España en colaboración con diferentes organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, a las que aportaban seguridad en el momento de llevar a cabo el hecho delictivo.

Esta seguridad consistía en aprovechar los momentos en que se encontraban desarrollando su servicio policial para permitir la descarga de la droga, informar de dispositivos de servicio y horario de prestación de los mismos. También de cómo eludir la acción del denominado Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), que permite detectar las embarcaciones de posibles investigaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y asesomiento en materia policial, entre otras.

Dentro del grupo cada miembro desempeñaba una función específica y se repartían entre ellos los diferentes alijos y las actividades a desarrollar con la finalidad de organizarse y lograr con eficacia la comisión del ilícito penal. En la sentencia se considera probado que los guardias civiles acusados aprovecharon su condición de agente de la autoridad y su destino.

"Se encargaban de dar cobertura y seguridad para favorecer la entrada de droga a través del litoral español a diferentes organizaciones criminales, a cambio de una compensación económica que las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico les daban a los mismos", se indica en la sentencia. Los agentes tenían destino en el Servicio Marítimo Provincial de Granada con base en Motril, encargado de la vigilancia de las costas españolas y entre sus funciones específicas se encontraba la prevención del narcotráfico.

La investigación se inició por parte del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil para descubrir actividades de corrupción policial de agentes vinculados a organizaciones criminales tráfico de sustancias estupefacientes entre Marruecos y la península. La investigación se inició con un guardia civil que dio lugar a descubrir a otros que se dedicaban a esta ilícita actividad.