El tribunal de la Sección VI de la
Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado a los seis acusados de un delito de tráfico de personas ocurrido entre los periodos de enero de 2020 y marzo de ese mismo año. Entre ellos se encuentra un agente de la
Guardia Civil. La figura de la conformidad ha evitado la celebración de la vista oral que estaba señalada para este martes y miércoles, después de que todos reconocieran los hechos y aceptaran una condena de 7 meses y 15 días de
cárcel. Todos menos uno, al que en vez de esa pena de prisión se le ha aplicado otra de multa por el mismo periodo de tiempo y con el abono de 5 euros diarios de cuota. El tribunal del máximo órgano judicial en la ciudad ha dictado sentencia in voce dando a conocer las condenas que quedan suspendidas durante un periodo de 5 años, con la advertencia de no poder volver a delinquir. Se ha dado por probado que todos los acusados estaban implicados en facilitar la llegada a la Península de inmigrantes que carecían de documentación legal en España, habiendo favorecido esos traslados entre los días 31 de enero de 2020 y 10 de marzo de ese mismo año. Conseguían así que burlaran los controles de acceso y cruzaran al otro lado del Estrecho. En el caso del integrante del Instituto Armado no se ha probado que este delito lo cometiera haciendo valer su condición de componente de este Cuerpo. De hecho tampoco se ha considerado la existencia de una organización criminal, alcanzándose un acuerdo que para nada tiene que ver con las peticiones iniciales de cárcel que se habían barajado.
En uno de los casos recogido por el Ministerio Fiscal en su escrito de conformidad se hace constar que los llamados
V.L. –agente de la Guardia Civil- y la mujer D.B. accedieron al barco a bordo de un vehículo llevando escondido en el interior a un inmigrante. Una vez pasados los controles, le ayudaron a salir del turismo y junto al resto de los acusados –llamados A.A.A., M.M.P., K.A. y M.E.J.- le permitieron su salida del barco por la zona de acceso peatonal, intentando burlar así las vigilancias de la Policía. En todas estas maniobras se ha considerado que V.L. no actuaba en su condición de componente de la Guardia Civil, sino como otro ciudadano más, por lo que no se le ha aplicado inhabilitación alguna al considerarse que no se había servido de sus funciones como agente del Instituto Armado ni tampoco una diferenciación de penas respecto de las aplicadas para el resto de procesados.
Investigación de la Guardia Civil desde 2019
Fue en junio de 2020 cuando la propia Guardia Civil detuvo a los ahora condenados, vinculándolos por aquel entonces con delitos de organización criminal y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La operación terminó con el arresto de los acusados, dictándose prisión para cuatro de ellos que tuvieron que cumplir penas privativas de libertad temporales bajo fianza. El Instituto Armado estuvo investigando a los implicados desde un año antes, habiendo cuantiosas intervenciones telefónicas, seguimientos y escuchas que fueron puestas en cuarentena por las defensas ante posibles nulidades que no han llegado a plantearse al no celebrarse el juicio tras llegar a un acuerdo previo. Así termina, con este acuerdo, una de las operaciones en la que además de Ceuta se contó con la colaboración de otras comandancias.