Condenados por unas obras no autorizadas en terrenos de Defensa

Hicieron obras en un terreno que era propiedad de Defensa. La inspección que llevó a cabo el Seprona de la Guardia Civil de Ceuta motivó un procedimiento judicial que ahora ha terminado con condena.

La ha dictado el Juzgado de lo Penal número 1 y los tres acusados por delitos contra la ordenación del territorio y usurpación han aceptado la sentencia dictada de viva voz.

Este caso se inició después de que el Ministerio de Defensa diera parte a la Guardia Civil por haber detectado la realización de unas obras en sus terrenos. Fue en 2024 y las actuaciones urbanísticas se ejecutaron en una parcela próxima al cuartel de la Legión, en García Aldave.

Esa zona está considerada de seguridad y en la misma se realizó un talado de árboles y movimiento de tierras, así como un camino paralelo sin disponer ni de permiso ni de licencia de obra.

Inspección de la Guardia Civil

La Guardia Civil comprobó que en el lugar se había realizado un aplanamiento de una superficie de unos 2.000 m2 aproximadamente, construyendo un camino en terrenos de Defensa.

Así también se dispusieron dos superficies/plataformas de cemento para servir de soporte.

Las obras se hicieron en terrenos de propiedad y titularidad del Ministerio de Defensa, estando en una zona enclavada dentro de la Red Natura 2000, red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre.

Los efectivos de la Benemérita llevaron a cabo inspecciones en distintos meses de 2024.

Informe concluyente y penas impuestas

En el informe de la Guardia Civil se concluyó que las obras no eran autorizables porque afectan a una zona de seguridad del Ejército y suponen una usurpación del terreno público, así como a un espacio protegido de la Red Natura 2000.

Los tres acusados reconocieron los hechos, aplicándose una atenuante de reconocimiento tardío, por lo que se impuso por delito contra la ordenación del territorio una pena de 9 meses de prisión y 6 meses de multa con cuota diaria de 3 euros, mientras que por un delito de usurpación fueron penados con 45 días de multa con cuota diaria de 3 euros.

Se acordó la suspensión de las penas, pero con la advertencia de que deben presentar antes de 3 meses el proyecto para reponer el terreno al estado anterior a la obra.