Ambos tendrán que pagar multas de aproximadamente 400 euros y unas indemnizaciones a los agentes y a la Ciudad.
Dos hermanos fueron condenados ayer por la jueza del Penal número uno como autores criminalmente responsables de una falta contra el orden público cada uno y siete faltas de lesiones entre los dos. Según el relato de hechos, ambos se enfrentaron a unos agentes de la Policía Local y terminaron golpeándolos y dañando las motos que éstos habían utilizado para desplazarse hasta el lugar. En total, el primero de los hermanos tendrá que pagar un total de 480 euros por las faltas que se le imputan más 700 euros en concepto de indemnización para uno de los agentes lesionados. Por su parte, el segundo hermano pagará 390 euros de multa. A estas cifras habrá que sumar poco más de 1.200 euros para compensar los daños que causaron en las motos utilizadas por la Policía Local (691 euros), en total dos, y las lesiones que sufrieron el resto de los agentes que intervinieron y que los hermanos tendrán que afrontar de forma conjunta y solidaria.
Los hechos por los que ambos hermanos fueron condenados tuvieron lugar la tarde del día 28 de junio del año 2001 en la avenida San Juan de Dios. Un agente que iba de paisano observó como uno de los hermanos estaba tirando por la ventana de su domicilio una cadena de música. El agente recriminó al acusado su actitud y, como respuestas, los dos acusados bajaron hasta la calle y agredieron al policía. Hasta el lugar se desplazaron otros efectivos de la Policía Local que intentaron mediar. Según el escrito de acusación, los dos hermanos lanzaron patadas y puñetazos alcanzando a algunos de los agentes y tirando al suelo dos motos utilizadas por los policías. El agente que iba de paisano tuvo que ser trasladado al hospital para que le atendieran por las lesiones que presentaba.
Los dos acusados se conformaron con la pena que les ofrecía la representante del Ministerio Fiscal, reconociendo así la comisión de los hechos que se les imputaban. Este acuerdo supuso la rebaja de las pretensiones acusadoras y la retirada de un delito de daños que la Acusación Pública venía manteniendo contra ellos.
