El caso de los inmigrantes que permanecían ocultos en un garaje del edificio Mirasol en la avenida de Reyes Católico, en Ceuta, ya tiene desenlace judicial.
Los dos hombres detenidos por la Policía Nacional en el marco de la Operación SENEN han reconocido los hechos y han sido condenados, después de una investigación que permitió reconstruir cómo varias personas en situación de vulnerabilidad permanecían en estas instalaciones a la espera de continuar su viaje hacia la Península.
Uno de los condenados, vecino de Ceuta, deberá responder por un delito contra los ciudadanos extranjeros y otro de amenazas, con una pena de nueve meses de prisión por el primer delito y seis meses por el segundo. La entrada en prisión, sin embargo, ha quedado suspendida durante cinco años, periodo en el que deberá no volver a delinquir para mantener dicha suspensión.
El segundo condenado, de nacionalidad marroquí, ha sido expulsado a su país y no podrá regresar a España durante cinco años. L
a resolución judicial pone así el punto final a una investigación desarrollada por agentes de la UCRIF Central y la UCRIF de Ceuta, que comenzó a raíz de las alertas de vecinos sobre la presencia continuada de inmigrantes en las zonas comunes del aparcamiento.
Detrás de aquella presencia había, según las pesquisas policiales, algo más que un problema de convivencia.
Los investigadores trataron de averiguar si los inmigrantes estaban siendo alojados de forma organizada, quién controlaba su permanencia en el lugar y si el garaje constituía un punto de espera antes de un posterior traslado clandestino a la Península.
Las diligencias recogieron información sobre pagos por el alojamiento y sobre la intervención de personas que supuestamente facilitaban el acceso a estos espacios.
Los agentes también intentaron determinar las condiciones en las que permanecían los inmigrantes y el posible beneficio económico obtenido por quienes gestionaban el lugar.
Durante la investigación fueron localizados al menos ocho inmigrantes en las plazas de garaje del edificio Mirasol.
Según las diligencias, en determinados momentos el número habría llegado a alcanzar las 20 personas, algunas de las cuales explicaron a los policías que se encontraban allí ocultas mientras esperaban la oportunidad de viajar hasta la Península.
Tres de los inmigrantes acompañaron voluntariamente a los agentes a dependencias policiales y prestaron declaración con asistencia de un intérprete.
Sus testimonios permitieron a los investigadores reconstruir parte del funcionamiento del sistema y conocer quiénes les habían proporcionado alojamiento y cómo se habían producido los pagos.
Uno de los declarantes aseguró que conocía la existencia de personas que ofrecían viajes a la Península por unos 6.000 euros.
Mientras aguardaba ese traslado, manifestó haber pagado 900 euros por un mes de alojamiento en el garaje, al que habría llegado después de contactar con un intermediario.
El atestado recogió también el relato de dos mujeres que aseguraron haber pactado 30 euros diarios por permanecer en el lugar. Según explicaron, habrían entregado inicialmente 350 euros a un intermediario y otros 450 euros posteriormente, cantidad que habría sido recogida en Castillejos para entregarla al responsable del alojamiento.
Las condiciones del alojamiento también quedaron reflejadas en las declaraciones. Las dos mujeres aseguraron que el espacio donde finalmente fueron instaladas era un garaje comunitario y que las condiciones no se correspondían con lo que inicialmente se les había ofrecido.
Los investigadores centraron entonces sus pesquisas en las personas que, según los testimonios, gestionaban el espacio, recibían el dinero y controlaban las entradas y salidas. Las diligencias diferenciaron entre quien supuestamente ejercía como responsable del alojamiento y quien habría desempeñado labores de intermediación y captación.
Los reconocimientos fotográficos resultaron determinantes. Dos inmigrantes identificaron por separado al hombre al que habían señalado como responsable de la gestión de los garajes y relacionado con el cobro de las cantidades abonadas por las estancias.
Posteriormente, las dos mujeres reconocieron al supuesto intermediario y lo vincularon con el control del lugar.
La investigación adquirió una nueva dimensión cuando las dos mujeres comunicaron a los agentes que estaban siendo buscadas y amenazadas después de haber colaborado con la Policía. Los investigadores recibieron un mensaje de auxilio, acudieron a su encuentro y las trasladaron hasta dependencias policiales.
Allí volvieron a prestar declaración y se activaron medidas de asistencia y protección. Las amenazas denunciadas pasaron a formar parte de las diligencias y acabaron teniendo reflejo en la imputación del segundo detenido, al que inicialmente se atribuyeron también delitos de amenazas y coacciones.
Con los testimonios, los reconocimientos y el resto de las diligencias practicadas, los investigadores pusieron en marcha un dispositivo de vigilancia y localización para proceder a las detenciones e identificar a posibles colaboradores.
La primera detención se produjo el 30 de agosto y estuvo relacionada inicialmente con un presunto delito de favorecimiento de la inmigración irregular y una infracción de la Ley de Extranjería. Al día siguiente, el 31 de agosto, los agentes arrestaron al segundo sospechoso.
La investigación policial situaba a uno de ellos como gestor y controlador del alojamiento, además de perceptor de los pagos, mientras que el segundo habría actuado como intermediario y captador, encargándose presuntamente de determinadas tareas relacionadas con el cobro y el traslado de los inmigrantes.
Las diligencias apuntaban de esta manera a una posible estructura con funciones diferenciadas, en la que el garaje habría servido como lugar de alojamiento y espera para inmigrantes que pretendían continuar su trayecto hacia la Península.
Ahora, el reconocimiento de los hechos y la posterior condena de ambos detenidos cierran judicialmente un caso que comenzó con las quejas de los vecinos por la presencia de inmigrantes en un aparcamiento comunitario y que terminó revelando una investigación policial sobre alojamiento, pagos, favorecimiento de la inmigración irregular y amenazas.
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