La llamaron Operación Caballa y con la misma la
Policía Nacional pudo liberar del interior de una vivienda ubicada en la barriada de
Vicedo Martínez, en Ceuta, a cinco varones y una mujer de origen marroquí que
se encontraban retenidos contra su voluntad.
Aquel operativo, desencadenado cuando el CNP intentaba dar con pistoleros implicados en la guerra de bandas desatada con furia el verano pasado, terminó con la detención del llamado Z.B.H.
Ahora la Audiencia lo ha
condenado a 5 años de cárcel por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Encarcelado desde agosto de 2022 en una prisión de Archidona, ha reconocido la acción delictiva y aceptado la pena impuesta lo que evitó la celebración de la vista oral que se había señalado ante el tribunal del máximo órgano judicial en Ceuta.
Z.B.H. fue el único detenido en esta operación policial. Otros presuntos colaboradores en este tráfico de personas siguen en busca y captura pendientes de responder de su acción delictiva ante la justicia.
Tras un acuerdo entre Defensa y Fiscalía, el ya condenado reconoció haber sido quien patroneó una embarcación desde Castillejos en dirección a la Península. A bordo iban estas seis personas, quienes se habían comprometido a abonar entre 8.000 y 10.000 euros.
La Operación Caballa tuvo lugar en agosto de 2022. Quedan más personas por detener
Pero aquella travesía no salió como se esperaba debido a la presencia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en plena ruta clandestina, lo que llevó a que el piloto obligara a los seis inmigrantes a arrojarse al mar teniendo que llegar por sus propios medios hasta el arenal.
La única mujer que formaba parte de esta expedición contó con la ayuda de sus compañeros de travesía para no perecer en el mar. De no ser por ellos no hubiera podido resistir. Hasta aquí llega la historia que ha podido dar pie a una condena judicial por delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros con la agravante de cometerse con ánimo de lucro y peligro para la vida.
Queda no obstante otra parte de esa crónica en el aire, toda vez que faltan implicados por ser arrestados. Y es que los inmigrantes, tras salvar sus vidas, terminaron retenidos contra su voluntad en una casa a donde fueron trasladados en un coche de los traficantes.
Fue allí donde los encontró la Policía, hallando incluso a la mujer maniatada.
Tenían que pagar los 8.000 euros por el pase que nunca llegó a realizarse para poder recuperar su libertad. La fémina, que estaba separada en una habitación del resto, pudo acercarse a una de las ventanas para pedir ayuda, gesto que fue detectado por unos funcionarios policiales que patrullaban por las inmediaciones. Fue así como se puso en marcha la Operación Caballa.
La incursión de la Policía en la casa llevó no solo al hallazgo de estas personas sino también al de un alijo de 21 kilos de hachís, una motocicleta, teléfonos móviles, otros satélites y un GPS. El CNP cree que existía una organización dedicada al tráfico de personas aunque nunca pudo dar con ella.
Al único acusado se le ha podido condenar por tráfico de inmigrantes con agravante
¿Y qué pasó con la embarcación? Esta es otra parte de la historia que queda por esclarecerse. El piloto ahora condenado la atracó en el puerto deportivo y allí, poco después, fue calcinada.
Se trataba de una tipo phantom propiedad del apodado Tayena. Su quema y destrucción en la dársena fue un claro ejemplo de la inseguridad focalizada en este lugar. Así fue eliminada cualquier prueba de la comisión del delito.
El tribunal de la Sección VI dictó la sentencia in voce, contando con la aprobación de las partes y sin posibilidad de recurso. El ya condenado prestó declaración a través de videoconferencia reconociendo los hechos delictivos en los que se vio implicado.
La rápida intervención de la Policía fue determinante para liberar a todos los inmigrantes de lo que puede etiquetarse de secuestro, ya que esa libertad anulada solo podía ser recuperada si se abonaba un dinero que fue solicitó de manera insistente a las familias de estos jóvenes del vecino país.
La figura jurídica de la conformidad evita la celebración del juicio tras reconocerse el delito
La Audiencia había señalado para este miércoles el juicio por esta operación que terminó siendo portada de los medios de comunicación aquel agosto de 2022. No fue necesaria la celebración de la vista judicial ya que el propio acusado reconoció la comisión del delito de tráfico de inmigrantes, aceptando por tanto la pena de 5 años acordada entre las partes representadas en este procedimiento. A través de videoconferencia reconoció el delito y se conformó con la sanción dictada por el tribunal de la Sección VI.
De no haberse fijado ese acuerdo se tendría que haber celebrado una vista en la que el acusado se exponía a una mayor pena de cárcel. El reconocimiento de los hechos supone una medida favorable para el acusado.
Quedan otras personas por arrestar en este asunto en el que de nuevo se volvió a poner en riesgo las vidas de personas que son capaces de hipotecar a sus familias por abandonar Marruecos.