Condenado un policía nacional por un delito contra la integridad moral

Un agente de la Policía Nacional ya jubilado ha sido condenado este martes por el tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta a una pena de 6 meses de prisión, dos años de inhabilitación y el abono de 1.000 euros en concepto de indemnización por un delito contra la integridad moral. La pena de cárcel no la cumple al no tener antecedentes y la inhabilitación ya carece de efecto al estar fuera del CNP. El acusado, identificado como F.J.H.Z., ha aceptado la pena y reconocido el delito a través de videoconferencia al llegarse a un acuerdo entre Fiscalía, Acusación Particular y Defensa. La sentencia es firme y ha sido leída in voce, por lo que no cabe recurso.

Los hechos por los que se le ha condenado al acusado se produjeron el 9 de mayo de 2018 en los Jardines de la Argentina. El policía, en uniforme y en el ejercicio de sus funciones, se aproximó a una persona para decirle si portaba algo que le incriminara, a lo que este le respondió que llevaba unas pastillas recetadas como medicación por el médico psiquiatra mostrándole tanto las pastillas de Alprazolam como la receta electrónica.

El policía le intervino las pastillas argumentando que esa receta de nada servía y que debía mostrarle un informe de médico.

"Qué medico de mierda tienes"

Posteriormente la víctima se presentó en la Jefatura Superior para pedir que se le devolviera las pastillas a lo que el agente se negó. Y lo hizo con expresiones como la de “te voy a poner una multa de 300 euros por llevar pastillas y otros 300 porque me da la gana” y "qué medico de mierda tienes que no sabe hacer nada, esa receta es para limpiarse el culo". Los hechos son constitutivos de un delito contra la integridad moral que han sido penados con las penas de prisión, inhabilitación y la indemnización.

Además el acusado abonará las costas judiciales. El reconocimiento del delito se ha hecho delante de la víctima que ha estado presente en la Sala.

La pena ha quedado suspendida durante un periodo de dos años pero condicionada al pago de la indemnización, requiriéndosele al pago de ese dinero a la víctima.